Las ayudas sociales y solidarias no reducen la pobreza ni producen un desarrollo económico

El señor Presidente de la República Luis Abinader Corona y su equipo económico, se ufanan de anunciar hasta la saciedad, que su gobierno ha sacado de la pobreza general y extrema a más de dos millones de dominicanos y que ha cerrado la brecha de la desigualdad social, a través de los múltiples programas y subsidios sociales que su gobierno ha implementado, como: supérate, bono gas, bono luz, el de alimentación escolar; a través del Seguro Nacional de Salud (Senasa) y ahora con el bono navideño (la brisita de navidad), los cuales han generado cientos de miles de empleos, a través de una gran inversión en gastos sociales, superando a países como Brasil, México, Costa Rica, como uno de los que más han reducido la pobreza y más fuentes de empleos han creado.
Pero esta no es la opinión que tiene la mayoría del pueblo dominicano. Estos planes sociales, tarjetas y subsidios han contribuido al enriquecimiento ilícito de muchos funcionarios, pues una gran parte de los mismos no llegan a los más desposeídos, pues se quedan en poder de los funcionarios responsables, quienes distraen recursos por miles de millones de pesos.
El señor Presidente, como economista que es, debe saber muy bien, que con los diferentes planes sociales y ayudas solidarias, no se reduce la pobreza general de un país, sobre todo, la pobreza extrema, la de los sectores sociales vulnerables y marginados de nuestro país. Tampoco se puede esperar que con dichas ayudas se va a lograr un grado de desarrollo sostenible y de crecimiento económico, mucho menos, cuando dichos planes y subsidios son cubiertos con préstamos internacionales, por lo que entra en contradicción consigo mismo.
Dichos subsidios se han prestado para la comisión de muchos escándalos públicos y para grandes actos de corrupción, como el ocurrido recientemente en el Seguro Nacional de Salud (Senasa), que todavía el “Ministerio Publico Independiente” no ha ofrecido una respuesta satisfactoria a la nación, ni ha sometido a las personas involucradas en ese entramado de corrupción, el cual se estima en más de cincuenta mil millones de pesos.
Los gobiernos, de todos los países del mundo, tienen la obligación de asistir a las personas vulnerables, discapacitadas, envejecientes, con enfermedades crónicas y terminales; a las madres solteras con carencias económicas, etc., pero no se debe convertir el país en un Estado benefactor. Estas ayudas sociales no deben ser politizadas, ni distribuidas de manera exclusiva y discriminada. Estas deben ser canalizadas a través de las distintas instituciones facultadas para estos fines, con capacidad moral para hacerlo.
La pobreza extrema se combate creando fuentes de empleos, creando empresas a través de una alianza público privada, facilitando financiamiento blando a las micro, pequeñas y medianas empresas; creando oportunidades, pero sobre todo, logrando que todos los servicios públicos sean eficientes y eficaces.
El Presidente Abinader y sus funcionarios no deben referirse a la reducción de la pobreza, de crecimiento ni de desarrollo económico, en un momento, en cuyo gobierno, el costo de los productos de primera necesidad, son inalcanzables para la mayoría de la población; cuando han colapsado la mayoría de los servicios públicos básicos (salud, educación, seguridad social y ciudadana, energía, transporte, agua potable, entre otros).
Además, en el que la mayoría de las escasas obras públicas que se han iniciado, se encuentran paralizadas, por falta de pagos a los contratistas y por fallas técnicas y estructurales. El Seguro Nacional de Salud, del que tanto se vanaglorió y promovió el Presidente Abinader, en vez de ser una solución, ha empobrecido aún más la situación económica de cientos de miles de dominicanos, por no poder acceder al mismo, debido al desfalco ocurrido en ese organiamo. Es decir, que el remedio resultó ser peor que la enfermedad.
Desgraciadamente, gran parte de los préstamos internacionales que se han tomado en la administración de este gobierno, que han disparado la deuda externa de nuestro país, ha sido volcada para cubrir los gastos corrientes del gobierno y para todos esos subsidios sociales; no para inversiones en obras de capital, que son las que producen desarrollo y crecimiento económico.
Todos esos subsidios y planes sociales han contribuido a la creación de más pobreza, más desempleos y más corrupción. Eso es lo que opinan diversos sectores políticos, económicos y sociales de nuestro país
El autor es Contador Público Autorizado
Máster en Relaciones Internacionales
Ex Diputado al Congreso Nacional y
Ex Miembro de la Cámara de Cuentas de la República 2010-2016