Desde la Fundación Derechos Humanos Global, en el marco de nuestra labor institucional de seguimiento, promoción y defensa de los derechos consagrados en la Constitución de la República y en el Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes, presentamos esta reflexión.
Es importante señalar que la protección integral de niñas, niños y adolescentes no es una responsabilidad exclusiva del Ministerio Público o la Fiscalía. Existen dos instituciones con mandato legal claro en esta materia:
El Consejo Municipal de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, instancia local creada para recibir, evaluar y dar respuesta directa en el territorio, con estructura y presupuesto asignados.
El Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI), organismo rector del sistema de protección, encargado de normar, supervisar, articular y garantizar el cumplimiento efectivo de los derechos en todo el país.
Ambas cuentan con respaldo normativo, recursos y un discurso institucional que resalta la prioridad absoluta de la infancia. Sin embargo, constatamos que existe una gran distancia entre lo que se expone públicamente y lo que realmente se aplica en la práctica.
En el ejercicio de nuestra observación objetiva, vemos que ninguna de las dos puede hacerse la ciega, la sorda ni la muda ante la realidad que está a la vista de todos: persisten situaciones de vulnerabilidad, desprotección y riesgo en toda la provincia Duarte, sin que se perciba una respuesta proporcional, continua y efectiva por parte de estas instituciones.
Ante esta realidad observable, planteamos preguntas que buscan claridad y transparencia:
* ¿Qué acciones concretas están ejecutando el Consejo Municipal y CONANI en los sectores y comunidades de la provincia?
* ¿De qué manera se están aplicando los recursos asignados para cumplir sus respectivas funciones?
* ¿Por qué se mantienen situaciones de desamparo si ambas instituciones tienen el mandato expreso de prevenirlas y atenderlas?
* ¿Cuándo dejarán de centrarse solo en declaraciones para trasladar su labor a los lugares donde realmente se necesita protección?
La normativa es clara: tener conocimiento de una situación de riesgo implica la obligación de actuar, orientar, derivar, supervisar y dar seguimiento. Ninguna institución puede desentenderse de su responsabilidad ni ocultarse detrás de discursos que no se traducen en hechos.
El sistema de protección funciona como una red, y cada entidad tiene un rol irrenunciable: el consejo municipal en el ámbito local, y CONANI en la dirección, supervisión y articulación general. La labor de la Fiscalía es complementaria, pero nunca sustituye las obligaciones que corresponden directamente a estas dos instituciones.
Exhortamos respetuosamente a sus autoridades a pasar de las palabras a la acción. Un discurso bien elaborado no protege por sí solo; solo los resultados visibles y el trabajo en el terreno garantizan derechos. Proteger a la infancia requiere ver, escuchar y actuar, no permanecer ajenos a la realidad.
“Las promesas y los discursos tienen valor solo cuando se convierten en respuestas reales para quienes más lo necesitan.”
📞 Contacto: 849‑658‑1705
📧 Correo: dhglobalrd@gmail.com
Cargando ...
