Por Arismendi Diaz Santana
Consideramos inapropiado cobrar por la entrega de información pública porque resulta excluyente y sienta un precedente para que mañana cualquier funcionario del SDSS establezca tarifas onerosas para bloquear el acceso a información pública de interés general
Hace más de un año la Superintendencia de Pensiones (SIPEN) recibió una solicitud de información sobre la cantidad de trabajadores con cuentas inactivas en el sistema de capitalización individual (SCI). Aunque el Grupo de Medios Panorama la solicitó basado en la ley 200-04 de acceso a la información pública, la SIPEN la desestimó señalando que se trataba de información sensible protegida por el régimen de datos personales.
El Grupo Panorama solicitó un recurso de amparo al Tribunal Superior Administrativo (TSA) reclamando su derecho a recibir esas informaciones de alto interés para la opinión pública. Los abogados de la SIPEN reiteraron su negativa y solicitaron al tribunal declarar la “inadmisibilidad del recurso”, reiterando que la información vulneraba la protección legal de los afiliados del sistema dominicano de pensiones. Panorama replicó que la solicitud no incluía la identificación de los afiliados.
Mediante sentencia el TSA rechazó la «solicitud inadmisibilidad» de la SIPEN considerando que la solicitud formulada es “notoriamente procedente”, tratándose del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. Además, ordenó a la SIPEN entregar la información sobre las cuentas inactivas al Grupo de Medios Panorama.
Para fundamentar esta decisión, el TSA señaló que el acceso a estas informaciones resulta esencial para que la opinión pública pueda conocer y analizar el manejo de los fondos de retiro propiedad de millones de trabajadores, “sin que ello vulnere derechos fundamentales de terceros”.
Esta privatización excluiría a las organizaciones populares del acceso a la información vital a pesar de que los trabajadores son quienes financian la SIPEN y la SISALRIL
Nuestra Fundación, siempre en defensa del derecho de los trabajadores y de la población en general, solicitó la reacción del Lic. Francisco Torres, superintendente de pensiones. Éste resaltó la apertura informativa de la SIPEN y la modernización de las estadísticas disponibles en tiempo real en su página Web, incluyendo la publicación de sus resoluciones.
Ante nuestra sugerencia de una mayor información y orientación a la opinión pública nos indicó que la SIPEN tiene como norma no responder ni polemizar, utilizando los recursos institucionales para divulgar las informaciones y exponer sus políticas y resoluciones.
Explicó que no existen cuentas inactivas porque todas, incluyendo las de los afiliados que no están cotizando, se mantiene activas ya que sus los fondos continúan invertidos como las demás, obteniendo una rentabilidad mensual que se acumula.
Además señaló que las informaciones solicitadas requieren de un gran esfuerzo técnico, por lo que era necesario que Panorama cubriera un costo. Según nos contó, en abril pasado el TSA reconoció esta limitación técnica y dispuso el cobro de dicha suma. Se acordó un pago de 380,000 pesos con una entrega de 180 días hábiles.
La Fundación Seguridad Social para todos (FSSPT) considera que cobrar por la entrega de información pública sobre cualquier área del Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) sienta un precedente que podría resultar excluyente. Ninguna organización de la sociedad civil, sindicato o confederación podría pagar para recibir información de interés social para ser utilizada sin fines pecuniarios.
Un pago cuantioso y una larga espera podrían constituir una barrera insalvable para los auténticos defensores populares de la seguridad social. Tal es el caso de nuestra Fundación la cual, a pesar de estar al servicio de millones de afiliados sin voz ni voto, no recibe ningún subsidio oficial y se mantiene con trabajos voluntarios de profesionales calificados y aportes de las pensiones de sus fundadores.
Estamos ante una modalidad de privatización de la información pública. De mantenerse, se daría la paradoja increíble de que los afiliados tendrían que pagarles a la SIPEN y a SISALRIL para tener derecho a informaciones de su legítimo interés, a pesar de que son los trabajadores quienes financian a estas dos superintendencias con sus cotizaciones mensuales.
Nuestra Fundación solicita reconsiderar esta decisión porque mañana cualquier funcionario del SDSS podría establecer tarifas onerosas para bloquear el acceso a informaciones públicas de interés general. Mantener esta monetización crearía un lamentable precedente y produciría un daño permanente al libre acceso a la información pública de la SIPEN.
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