Por: Alejandro Santos
Tiene que llamar la atención que el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, anunciara el llamado “plan anticrisis” el 11 de junio, y apenas cuatro días después Estados Unidos e Irán informaran la firma de un memorando de entendimiento para poner fin a una guerra de casi cuatro meses, con la reapertura gradual del estrecho de Ormuz y la expectativa de una recuperación progresiva del tráfico marítimo y del flujo energético mundial. Aun así, el propio acuerdo sigue siendo un marco inicial y deja asuntos conflictivos todavía pendientes de negociación.
Ese dato obliga a formular una pregunta elemental: ¿qué pasará en lo adelante con dicho Plan si el principal argumento coyuntural que se utilizó para justificarlo comienza a perder fuerza? Si la distensión entre Washington y Teherán reduce la presión internacional sobre el petróleo y se desactiva parte del ambiente de crisis, entonces resulta legítimo preguntar qué ocurrirá con las medidas sometidas o anunciadas en nombre de esa emergencia.
Otra pregunta obligada surge de inmediato: ¿dejará el Gobierno sin efecto el sometimiento al Congreso de estas medidas impositivas si desaparecen o se reducen las razones externas que sirvieron de base para presentarlas?
Ahora bien, veamos las cosas al buen estilo de los gobiernos dominicanos, para darnos cuenta de que bajo la definición de “plan anticrisis” lo que verdaderamente aparece es un paquete de medidas orientadas a aumentar los ingresos del gobierno.
El propio Ministerio de Hacienda y Economía informó que el proyecto busca captar entre RD$40,000 millones y RD$50,000 millones adicionales, y lo presentó en cuatro dimensiones: medidas procrecimiento, simplificación tributaria, combate a la evasión y consolidación fiscal.
Que nadie se equivoque. Por más adornos y decoraciones que se le pongan al Plan, tratando de darle un aval basado en el conflicto internacional, las causas reales se encuentran en la propia realidad dominicana.
Los dominicanos nos encontramos nuevamente ante una historia cíclica que se viene repitiendo. Los últimos gobiernos se han dedicado a tomar todo el dinero prestado en el exterior disponible y, al mismo tiempo, a asumir aumentos exagerados del gasto corriente. La combinación de esas dos variables produce una mayor porción del presupuesto nacional destinada al servicio de la deuda, incrementa el déficit fiscal y termina empujando al gobierno de turno a buscar nuevos ingresos para cubrir sus fallas. Y al final, como casi siempre ocurre, quien termina pagando los platos rotos es la población dominicana.
Será mejor que se hable claro y se le diga la verdad a la población como anda las finanzas del gobierno.
Revisando las cifras aproximadas de este año, el déficit fiscal de RD$280,575 millones, la necesidad bruta del pago de la deuda de RD$401,768 millones y el déficit del sector eléctrico de RD$85,000 millones suman un total de RD$767,343 millones del Presupuesto General del Estado 2026, lo que equivale al 42% del mismo. Dicho de otro modo, de cada RD$100 que maneja el Gobierno, RD$42 se destinan a estos tres renglones.
En lo dicho en el párrafo anterior está el origen real de por qué el Gobierno ha decidido presentar un paquete de medidas impositivas.
Según la propuesta oficial, la principal medida de consolidación fiscal es una sobretasa temporal de tres puntos porcentuales al ISR empresarial, que elevaría la tasa de 27 % a 30 % durante tres años para los grandes contribuyentes con ingresos superiores a RD$1,000 millones anuales. A eso se suman el aumento del impuesto a los cheques y transferencias electrónicas de 0.15 % a 0.20 %, un incremento de 10 dólares al impuesto sobre los pasajes aéreos, nuevos gravámenes a casinos y juegos de azar, un impuesto selectivo a vapeadores y cigarrillos electrónicos, así como mayores mecanismos de retención y trazabilidad para sectores de difícil fiscalización.
Es verdad que el Gobierno ha querido presentar el paquete diciendo que no toca el ITBIS ni la mayor parte de los impuestos selectivos sobre combustibles, alcoholes, cigarrillos y telecomunicaciones, y también ha resaltado medidas de alivio para micro y pequeñas empresas, como la eliminación del anticipo para microempresas, facilidades de pago y el ajuste del mínimo exento del ISR personal. Pero eso no cambia la cuestión de fondo: el Estado vuelve a acudir a la vía tributaria para cubrir presiones acumuladas en sus finanzas.
Por eso, más que un simple “Plan anticrisis”, lo que se perfila es una nueva vuelta al viejo recurso dominicano de convertir una coyuntura internacional en justificación de medidas que responden, sobre todo, a desequilibrios internos. Y ahí es donde nace la principal duda: si la crisis internacional empieza a ceder, ¿seguirán vigentes las mismas razones para imponer estas cargas?
Al final, lo que corresponde es hablar con claridad. Si estas medidas son necesarias por la situación estructural de las finanzas públicas, entonces que se diga así, de frente y sin disfraces coyunturales.
Pero si se presentaron bajo el argumento de una crisis internacional que ya comienza a desactivarse, entonces el Gobierno tendrá que explicar por qué pretende mantenerlas. Porque en República Dominicana lo temporal tiene una vieja costumbre de quedarse, y casi siempre se queda cobrando más impuestos.
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