Por Ariel E. Cabral
La aprobación de urgencia en dos lecturas consecutivas de un proyecto de ley que habilita una vía excepcional para reconocer y pagar deudas por obras ejecutadas desde 1996 volvió a colocar en primer plano expedientes de larga data, entre ellos el de la empresa CCC SRL, que asegura haber esperado 15 años sin recibir el pago total por trabajos realizados para el Estado.
El caso tiene rostro y consecuencias: CCC SRL, propiedad del ingeniero Elino Cortes, ejecutó entre 2010 y 2015 obras para la entonces Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) en la provincia Elías Piña —puentes, alcantarillas, canalizaciones y muros de contención— y sostiene que, pese a que los trabajos fueron cubicados, certificadas y recibidos, el pago no se completó, provocando la quiebra de la empresa y un deterioro personal que coincide con un diagnóstico de Linfoma del Manto B, consignado en un historial clínico del 31 de octubre de 2025.
La iniciativa, sometida por el senador Franklin Romero (Duarte), autoriza de manera excepcional y restrictiva a entidades públicas a eximir procesos de selección previstos en la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones para reconocer obras realizadas sin contratos o adendas y convertir los balances validados en deuda pública interna. El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, afirmó que se trata de una realidad que ha afectado a numerosos contratistas, mientras el presidente de la Comisión de Obras Públicas, Félix Bautista, presentó informe y solicitó el trámite de urgencia.
El proyecto abarca deudas vinculadas a instituciones como MOPC, MINERD, INAVI, INDRHI, INAPA, JCE, CAASD y el Ayuntamiento del Distrito Nacional. En el caso de la desaparecida OISOE y el INVI, las obligaciones serían asumidas por su continuador jurídico, el Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (MIVHED), lo que conecta directamente con reclamaciones como las de CCC SRL, particularmente en los tramos asociados a obras certificadas que quedaron fuera de cierres contractuales formales.
Aunque el Senado presenta la propuesta como una vía para regularizar una deuda histórica, el impacto real dependerá de la rigurosidad de las validaciones, la trazabilidad de los expedientes y la capacidad del Estado para convertir el reconocimiento en pagos verificables y oportunos, en un contexto donde casos como el de CCC SRL exponen que la mora estatal no solo acumula números, sino también quiebras, desgaste y años perdidos.
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