Los últimos sucesos de violencia extrema en la frontera, a manos de nacionales haitianos en perjuicio de víctimas dominicanas, obliga a reflexionar sobre un conjunto de categorías políticas que envuelven la seguridad, en el orden interno y en el público, cuyo rol inmarcesible del Estado tiene la misión sagrada de la defensa de la persona humana, y a la vez, la facultad coactiva para organizar la vida social de la nación.
En este marco, muchos tratadistas consideran que el Estado es la organización jurídico-política de la sociedad asentada sobre un territorio determinado con el fin de buscar el bien común de los ciudadanos. Nos preguntamos si, precisamente, eso se ha perdido en la frontera.
Los actuales eventos de robo de ganados –de abigeatos–, las muertes de ganaderos dominicanos a manos de haitianos, en la frontera, obliga al Gobierno a tener de qué preocuparse y dar prioridad para mantener y garantizar la seguridad del país, ya que el Estado tiene que ejercer su autoridad y organizar la vida social del país, dentro de la Constitución y de los derechos humanos.
Miramos la frontera que nos liga a Haití, y no sabemos qué decir. Es vital contar con un informe oficial de la frontera, de vez en cuando, de nuestras Fuerzas Armadas apostadas allí.
Nuestro Estado, pues, debe estar en actitud de ejecutar las acciones y previsiones claves para garantizar que una situación de confianza y garantía, no se convierta en un peligro mayor, ni en un riesgo en el territorio del país, que en sus estructuras, en sus organismos públicos y privados, en la población en general, frente a amenazas o agresiones que se presenten o puedan presentarse, pierda la capacidad que posee para establecer límites a la amenaza de la intranquilidad, inseguridad públicas, a través de sus instituciones, principalmente por intermedio de la Policía Nacional y el Ejército, cuya finalidad y funciones constitucionales son las de garantizar, mantener y restablecer el orden interno, el orden público y la seguridad ciudadana.
Casos viejos, como el de Capotillo, en Dajabón, y los nuevos como, el de Pedernales, no pueden quedarse en implorar a las autoridades dominicanas que intensifiquen la presencia en esos lugares; hay que pensar en las soluciones.
Ayudaría si se mejorara la infraestructura de la frontera, con controles aduaneros más eficaces, sistemas de registro de ganado, y caminos de acceso adecuados, podría facilitar una mayor regulación y control del tráfico de animales entre ambos países.
Lo opuesto es continuar dando respuestas a casos aislados. La clave está en encontrar soluciones que beneficien tanto a la seguridad, como a los intereses económicos de ambos países de manera equitativa; pero, Haití por desgracia, no tiene interlocutor.
El orden interno es el concepto de mayor jerarquía en relación con el orden público y con la seguridad interna; nuestra Constitución política lo establece en su artículo 10, sobre Régimen fronterizo.
Robos, atracos, pandillerismos, otros crímenes que, luego de ser cometidos, los migrantes huyen hacia Haití para evitar ser capturados por las autoridades, o estos son cometidos por haitianos que viven en nuestro territorio, comprenden las amenazas o agresiones que se presentan en la frontera.
De todo lo expuesto, podemos deducir que hay un resquebrajamiento del orden interno, que está afectando básicamente a las estructuras del Estado y a toda la nación en su conjunto. Ni la Policía ni el Ejército dominicanos, parecen tener un plan concreto para salvaguardar el orden interno de la nación dominicana.
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