Por Arismendy Díaz Santana
En el campo previsional es donde se expresan, con mayor crudeza y desenfreno, las desigualdades sociales, incluso entre los propios trabajadores. El Estado fomenta las pensiones privilegiadas, mientras empuja a la pobreza a la mayoría de los jubilados
La gran mayoría de los pensionados dominicanos se quejan: 1) de las pensiones pírricas que agudizan la pobreza e indigencia; 2) del fomento de las desigualdades y privilegios; 3) de la pérdida constante del poder adquisitivo; y 4) de la denegación de la cobertura médica. Algunos ejemplos.
Un caso típico de injusticia: trabajé 26 años en 3 grandes empresas que cotizaban al IDSS. Luego en el sector público duré 17 años en posiciones profesionales de responsabilidad. Después de 43 años de labor recibo la pensión mínima de 10,000 pesos, sin actualización, perdiendo los 17 años de labor pública porque no se suman los años trabajados en el sector privado y en el público.
Un caso típico de desigualdad: una médico apreciada, amiga de más de medio siglo, trabajó más de 40 años en un hospital público con dedicación, responsabilidad y vocación. Fue pensionada con 46,000 pesos y luego de más de una década le aumentaron a 49,000, monto que no compensa el alto costo de la vida de una profesional.
“Mientras apenas sobrevivo, no me parece justo ver pensiones de hasta el doble a personas que nunca trabajaron para el estado”. Otro médico consultado señaló “mi ayudante en el hospital fue pensionada con 189,000 pesos, más de tres veces lo que yo recibo”.
Un caso típico de privilegios: un médico altamente calificado “pensionado con 80,000 pesos, equivalentes a «8 salarios mínimos del sector público», según la Ley 379-81, luego de 38 años de servicios, con un salario de 200,000 durante los últimos tres años. En cambio, de haber sido funcionario de una institución autónoma o descentralizada mi pensión sería de 180,000, más del doble.
La mayoría de los médicos jubilados se quejan de la insuficiente cobertura del seguro de salud que les ofrece el SENASA, precisamente en la etapa en que más lo necesitan. Paradójicamente, no aceptan su afiliación a la ARS del CMD, debido a la precariedad de los servicios prestados.
En un contraste mayúsculo con estas limitaciones, estrecheces y desamparos, anualmente el Estado gasta decenas de millones en pensiones privilegiadas para las minorías y grupos de presión. En adición al aporte mensual obligatorio del 8% del salario, el Estado paga de manera voluntaria la nómina completa de todos los maestros pensionados.
Por un lado, se alega la falta de presupuesto para actualizar todas las pensiones como dispone la Ley 87-01, mientras por el otro, sobran los recursos para pagar voluntariamente todas las pensiones, más allá de lo establecido en la Ley.
Un ejemplo de la ausencia de equidad y del predominio del privilegio es el hecho de que mientras el plan de retiro de la UASD incluye a todos los empleados al igual que a los profesores, los amplios beneficios del INABIMA se limitan a los maestros, excluyendo al personal técnico y administrativo.
Estos ejemplos, y muchos más, evidencian las notables desigualdades entre los médicos, maestros, profesores y empleados de la UASD, congresistas y profesionales y técnicos del Congreso Nacional. Además, entre los altos funcionarios del gobierno central y de las instituciones autónomas y descentralizadas, e incluso entre los miembros de la policía nacional y de las fuerzas armadas con igual rango y antigüedad. Y ni hablar de los empleados de los ayuntamientos.
Obviamente, se trata de un monumento a la discrecionalidad, a la politiquería y al despilfarro de los impuestos de los contribuyentes. “Lamentablemente, en el campo previsional es donde se expresan con mayor crudeza y desenfreno las desigualdades sociales, incluso entre los propios trabajadores”. Historia y Fundamentos del SDSS, Pág. 351, Ediciones INTEC.
La Fundación Seguridad Social Para Todos (FSSPT) llama la atención nacional sobre todas estas desigualdades cubiertas con los impuestos de los contribuyentes. Y solicita a las autoridades nacionales “tomar cartas en el asunto” a fin de incluir los correctivos necesarios en la urgente reforma de la Ley 87-01.
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