Todo gobierno, de cualquier país del mundo, sobre todo, los que están en vías de desarrollo, debe velar para que los recursos públicos que provienen de las recaudaciones de los impuestos en sentido general que pagan los contribuyentes, sean administrados con eficiencia, transparencia y pulcritud y evitar que estos sean distraídos, para poder atender las demandas de obras y servicios de la ciudadanía, más cuando se tiene una gran deuda social acumulada de tantos años, como es el caso de la República Dominicana.
Cuando se le roba vulgarmente esos recursos públicos al Estado, cuando se retienen y no se pagan al fisco, se comete un acto doloso y un crimen de «lesa Patria», pues se les quita el derecho y la oportunidad a millones de personas de poder contar con los servicios de agua potable, energía eléctrica, educación, salud, seguridad social y ciudadana, viviendas, fuentes de empleos, recreación, carreteras, caminos vecinales, etc. Muchos mueren de hambre y por la falta de un medicamento esencial.
De ahí la importancia y la necesidad de que se castigue la corrupción público-privada y se persiga la evasión fiscal, pues así no habrá necesidad de someter otra reforma, la cual resulta traumática para la ciudadanía y tiene un alto costo político para el propio gobierno. En países con regímenes de fuerza, muchos funcionarios y empresarios que incurren en este grave delito, se le aplica la. Pena capital públicamente para dar un ejemplo a los demás.
Si en medio de este desastre, el gobierno no crea un plan de austeridad y disminuye sus gastos corrientes, evita el derroche de los recursos públicos en publicidad, aumento de la nómina pública, francachelas y continúa acudiendo al endeudamiento externo para el pago de capital e intereses de la propia deuda, se ve obligado a someter una reforma para tratar de hacerle frente al gran déficit fiscal que lo envuelve.
Este es el caso por el que está atravesando nuestro país en estos precisos momentos, en que el presidente se ha visto en la obligación de someter al Congreso Nacional una reforma fiscal no integral, totalmente improcedente, incoherente, injusta, desproporcionada y desigual, la cual resulta lesiva y traumática para los sectores de clase media y de bajos ingresos, por lo que tuvo que retirarla casi de inmediato, por no contar con el consenso y el apoyo de los sectores económicos, políticos y sociales del país.
Por eso fue que gran parte de la ciudadanía dominicana se indignó al observar tantos escándalos de corrupción públicos y privados sin que se aplicara un régimen de consecuencia ni se exigiera la. Devolución de los recursos distraídos, así como la gran evasión de los impuestos; en cambio, mientras a esos sectores poderosos se les protege, a la clase media y de bajos ingresos se les quiere castigar con más impuestos, en un momento en que el costo de vida y la canasta básica están por las nubes, obligándolos a pagar los platos que otros rompieron.
Los partidos de la oposición y sus líderes políticos deben asimilar esta experiencia y entender que estamos viviendo otros tiempos, que ya la impunidad y la permisividad con la corrupción pública y privada ya no tienen espacio en nuestros países; pues ya no hay que lanzar una piedra o hacer un disparo de arma de fuego para poner de rodillas a un gobierno y a su mandatario, no importa la mayoría calificada que se tenga en el Congreso Nacional.
El retiro del proyecto de reforma fiscal del Congreso Nacional fue una decisión muy atinada del presidente Luis Abinader, pues le evitó al país un clima de inestabilidad económica, política, social y de gobernanza democrática. Fijémonos en el espejo de nuestro vecino país de Haití, que cayó en la ingobernabilidad. Hasta la próxima si Dios quiere, dominicanos.
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