Por Arismendi Diaz Santana
Mientras las minorías influyentes reciben pensiones holgadas, la gran mayoría de los trabajadores dominicanos continúan condenados a recibir pensiones insuficientes, que acentuarán las desigualdades sociales y los empujarán a mayor pobreza e indigencia
En el chat de la Fundación Seguridad Social Para Todos (FSSPT), se generó un constructivo debate a raíz del Decreto 311-23 del presidente Luis Abinader que otorgó 3,139 pensiones a funcionarios y servidores del Ministerio de Educación, una cantidad sin precedentes.
Durante la intensa discusión en el chat SS PARA TODOS, se señalaron las principales distorsiones previsionales que generan desigualdad social, contraviniendo la Ley 87-01:
1) Los maestros y médicos reciben pensiones especiales, marginando a los empleados de educación y de salud pública;
2) Los médicos, asistan o no, tienen asegurado una pensión del 100%, incluyendo los incentivos por los cuales nunca cotizaron;
3) En la UASD existen pensiones especiales, tanto para los directivos y profesores, como para los empleados administrativos;
4) También disfrutan de pensiones especiales, los legisladores, diputados y senadores, sin incluir a los empleados;
5) Los funcionarios, técnicos y empleados de las instituciones autónomas y descentralizadas, también reciben pensiones especiales;
6) Mientras estos grupos disfrutan de pensiones ilimitadas, los demás servidores públicos tienen un tope de 8 salarios mínimos del sector público.
Las pensiones mínimas otorgadas a los maestros son de 32,000.00 pesos, pero casi el 90% de los demás trabajadores dominicanos apenas recibirán unos 22,000.00, menos del 70% de la mínima magisterial. Y ya la pensión promedio de los altos funcionarios autónomos supera hasta 15 veces la que recibirá la gran mayoría dentro de 7 años.
Nuestra Fundación quiere dejar bien claro que reclama pensiones dignas, pero para todos y sin privilegios, como lo dispone el Art. 39 de la Constitución. El problema es que esas pensiones especiales no son sostenibles, y están subsidiadas con un costo creciente para los contribuyentes, en un país con un régimen fiscal regresivo.
¿Por qué tantas desigualdades entre los propios trabajadores? Porque el sistema de reparto entrega pensiones sin tomar en cuenta los aportes de por vida de los afiliados. Y porque ello permite que los grupos de presión obtengan privilegios, y que los altos funcionarios se auto asignan el monto de sus propias pensiones. A lo que nada nos cuesta, hagámosle fiesta.
Algunos mostraron preferencias por el sistema de reparto, mientras otros se inclinaron por la capitalización individual. En esencia, ambos sistemas son deficitarios y enfrentan los grandes retos del crecimiento de la esperanza de vida, de los bajos salarios, de los cambios en el mercado laboral y de la informalidad del trabajo.
Todas las evidencias demuestran que el reparto es intrínsecamente deficitario. Entrega mejores pensiones, primero utilizando los aportes de los trabajadores activos, y luego cuando quiebra, demandando crecientes subsidios fiscales, limitando la entrega de pensiones subsidiadas, como parte de la lucha contra la pobreza y la indigencia.
Al tomar los aportes para pagar las pensiones, se elimina la capacidad de ahorro, de capitalización y de acumulación, generando un déficit creciente e insostenible cubierto con los impuestos de los contribuyentes, muchos de los cuales nunca recibirán una pensión. ¿Puede un sistema deficitario garantizar una cobertura universal?
La capitalización individual tampoco garantiza una pensión digna, porque también es deficitaria, con la desventaja de que no toca los aportes ajenos, ni recibe subsidios estatales. Ello indica que, si recibiera igual tratamiento, las pensiones otorgadas serían similares al reparto. Puedo demostrarlo mediante cálculos actuariales.
Es posible mejorar las pensiones y eliminar los privilegios. Los sistemas de reparto adoptan pilares de capitalización individual, mientras ésta introduce fórmulas solidarias, reduce las comisiones de las AFP y fortalece la participación pública. Existen soluciones sostenibles, solo hace falta voluntad política y visión de futuro.
El problema es que nuestros dirigentes, prefieren evadir el costo político de una verdadera reforma, transfiriendo esa responsabilidad histórica a las siguientes administraciones. A pesar de la urgencia de una reforma para elevar la tasa de reemplazo de las pensiones, seguimos postergándola.
No es lo mismo que 3,000 braceros reclamen sus pensiones y hagan piquetes frente al Palacio Nacional, que 300,000 trabajadores dominicanos indignados y excluidos, se lancen a las calles a reclamar una pensión digna, luego de más de 30 años de trabajo y cotización. Desactivemos esa bomba de tiempo previsional.
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