Mientras mucha gente sigue distraída, cada vez más territorios levantan su voz en defensa del medio ambiente. Así está ocurriendo en las cordilleras Septentrional y Central, y en Barahona.
Lo que sucede en San Juan, Barahona, Dajabón, Santiago Rodríguez y la cordillera Septentrional no debería leerse como una suma de protestas aisladas. Tampoco como una moda ambientalista ni como resistencia al desarrollo.
Hay algo más profundo en marcha: comunidades están diciendo, con distintos acentos y desde diversos paisajes, que no se debe seguir decidiendo sobre el agua, los bosques, la tierra y la vida local sin escuchar a quienes habitan esos territorios.
En esas comunidades están reclamando porque sienten amenazas sobre fuentes de agua, montañas, cuencas, áreas agrícolas, bosques y modos de vida. Reclaman porque entienden que no se debe sacrificar el futuro en nombre del crecimiento.
San Juan se expresó con fuerza y espera un decreto que le dé tranquilidad. Barahona y la Región Enriquillo acaban de levantar la voz frente a proyectos mineros y operaciones que consideran amenazantes para acuíferos, la biodiversidad, la salud y el turismo. En Santiago y Puerto Plata reclaman garantías formales para impedir minería en zonas sensibles.
En Dajabón, en las cuencas de Masacre y Artibonito, defienden de la minería un área que es Reserva de Biosfera y Madre de Aguas. Mientras en la zona alta de Santiago Rodríguez se reclama por la tranquilidad de quienes han defendido los recursos naturales durante muchas décadas. Pero también quieren alargar la vida de la presa de Monción y garantizar el agua que necesitan en varias provincias de la región.
Aunque cada territorio tiene su historia, sus actores y sus urgencias, todos comparten una misma advertencia: sin agua, sin suelo, sin bosques y sin confianza social, no hay desarrollo sostenible.
Esas comunidades conectan con la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030. En ese documento se refiere el medio ambiente como condición para el desarrollo. En la END se habla de manejo sostenible, gestión de riesgos, adaptación al cambio climático, producción responsable y participación social.
Incluso, la Meta RD 2036, con su propósito de duplicar el PIB, crear empleos, elevar salarios y mejorar la competitividad, se carga de realidad cuando responde a cómo se crece, dónde se crece, a costa de qué y -en nombre de la democracia- con quiénes se decide.
La verdad es que, un país puede aumentar su producto interno bruto y, al mismo tiempo, destruir las bases naturales que sostienen su economía. Puede levantar hoteles y perder playas. Puede abrir minas y comprometer ríos. También puede expandir la agroindustria y agotar suelos. Puede construir infraestructura y aumentar vulnerabilidad climática. Pero, en lugar de desarrollo, eso sería endeudarse con el futuro.
La gobernanza ambiental exige otro camino: información temprana, estudios independientes, consulta real, transparencia documental y garantías jurídicas. No basta decir que un proyecto cumple requisitos técnicos. También hay que demostrar que respeta la vocación del territorio, que no pone en riesgo bienes comunes y que cuenta con legitimidad social.
Rafael Alberto Pérez recuerda que la estrategia no debe reducirse a cálculo; implica relación, escucha y construcción de sentido. Jesús Martín-Barbero enseñó que la comunicación verdadera no se produce sólo desde oficinas o vocerías, sino desde las mediaciones de la vida cotidiana. Y Amartya Sen nos recuerda que desarrollo es expansión de capacidades y libertades.
Necesitamos escuchar a esos movimientos. Necesitamos entender que defender el ambiente no es negar el progreso sino aplicar límites, ética y arraigo. La agenda ambiental dominicana debe ocupar el centro de las decisiones públicas.
Hace falta ordenar el territorio con seriedad. Definir zonas no negociables. Proteger cuencas. Fortalecer la evaluación ambiental. Transparentar concesiones. Revisar permisos donde haya dudas razonables. Incorporar veeduría social. Y, sobre todo, reconocer que las comunidades son guardianas de información que muchas veces no aparece en los informes.
La democracia también se mide ahí. No solo en las urnas. Se mide en la capacidad de escuchar cuando un pueblo dice: esa montaña nos da agua; ese río nos sostiene; esa tierra produce comida; ese bosque protege nuestra vida.
La END 2030 ya trazó una ruta. La Meta RD 2036 puede actualizarla y darle impulso. Pero ningún plan será verdaderamente grande si se construye de espaldas a los territorios.
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