Por Arismendi Diaz Santana
Aunque las pensiones han crecido, continúan acentuando la desigualdad. El 80.5% de los pensionados recibe entre 5,000 y 15,000 pesos perdiendo cada año su valor de compra, mientras otras superan más de 100 veces la pensión mínima oficial y aumentando anualmente su poder adquisitivo
De acuerdo al Ministerio de Hacienda actualmente existen 341,036, pensiones de las cuales la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones (DGJP) tiene a su cargo 272,713 (80%) y las demás instituciones públicas los restantes 68,323, con una nómina total al 2025 de 87,384 millones y un crecimiento del 12.5%.
Las pensiones otorgadas por el Poder Ejecutivo a través de la DGJP crecieron en un 177.6% entre el año 2020 y el 2026. Las pensiones solidarias registraron el mayor aumento al pasar de 6,972 en agosto de 2020 con una nómina de 41.8 millones, a 64,362 a mayo del 2026, con 186.2 millones de pesos mensuales.
Estas informaciones fueron expuestas por la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones (DGJP), y por el Ministerio de Hacienda durante la celebración del Foro “Impacto de las Pensiones en la Protección Social y en la Reducción de la Pobreza” el 16 de junio 2026 pasado con la participación de nuestra Fundación.
Durante el último lustro, la cobertura de los pensionados ha crecido más rápidamente que los envejecientes. La población mayor de 60 años aumentó del 10.9% al 12.5%, mientras los pensionados del 14.5% al 22.4% del total. Un ritmo importante, pero todavía insuficiente para cubrir la deuda social con los adultos mayores.
De los 93,468 afiliados al sistema de reparto de la DGJP sólo 23,896 (el 26%) cotizan actualmente, mientras 69,592 (74%) ya no aportan, y decenas de miles nunca lo hicieron. Los ingresos de diciembre de 2025 por este concepto ascendieron a 102.8 millones de pesos, frente a egresos totales de 4,236.9 millones, un creciente déficit fiscal.
Pero estas pensiones desnudan una enorme desigualdad social. El 80.5% (274,401) pensionados reciben entre 5,000 y 15,000 pesos mensuales, la gran mayoría con sólo 10,000; otro 9.1% (30,953) oscila entre 15,000 y 30,000, mientras solo el10.4% (35,685) tiene ingresos superiores a 35,000 pesos. No obstante, en el país existen pensiones que superan más de 100 veces la mínima oficial de 10,000.00 pesos, con el agravante de que éstas últimas se evalúan anualmente.
A pesar de los avances recientes, el 59.7% de los pensionados y jubilados todavía carece de un plan de salud para enfrentar los achaques de la vejez
Entre 2009 y 2015 el crecimiento del seguro de salud de los pensionados fue notoriamente moderado, al pasar de 5,474 a 10,188. A partir del 2020 los pensionados con seguros de salud aumentaron de 88,128 a 109,856, un 24.7%, con un crecimiento de la nómina mensual del 220.4%. De ese total 76,342 (69.5%) demandaron 6,032,985 de servicios médicos, con un costo total de 3,931.4 millones de pesos.
El plan de salud para los pensionados arroja un notable desequilibrio financiero, con una siniestralidad (relación egresos/ingresos) del 140%, cuando la misma debería fluctuar alrededor del 92%. Se imponen cálculos actuariales para establecer un aporte tanto asequible y solidario para los pensionados, como sostenible para la ARS pública.
Ante esta realidad y la necesidad de garantizar un retiro digno de los envejecientes, la Fundación Seguridad Social para todos (FSSPT), considera que la DGJP se enfrenta a los siguientes retos:
1 Acelerar las pensiones solidarias a favor de las familias más pobres y vulnerables
2 Garantizar el derecho de todos los pensionados a disfrutar de un seguro médico
3 Actualizar anualmente todas las pensiones de acuerdo al costo de la vida
4 Equilibrar los planes de salud entre los pensionados y el SENASA
5 Revisar la Ley 379-81 para adecuarla a las políticas de la Ley 87-01
Nuestra Fundación reconoce avances durante la administración del presidente Abinader. El aumento sostenido de las nóminas de las pensiones revela un impacto positivo en la reducción de la pobreza extrema. Pero considera necesario acelerar el proceso, en cantidad y calidad, mediante el cumplimiento de la Ley 87-01, elevando las pensiones, garantizando su poder adquisitivo y reduciendo las desigualdades e inequidades sociales.
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