Cuando comienzan a agitarse los ánimos electorales en el país, surgen críticas que son cíclicas en el argot político dominicano, unas que han obsesionado por décadas a los principales actores de la opinión pública, otras que verdaderamente aportan al debate público y, en consecuencia, a un avance político-institucional en el país.
Uno de esos temas que “obsesionan” es el de la filtración partidista y el sesgo político en el otorgamiento de los beneficios sociales, especialmente la tarjeta “Progresando con Solidaridad”. Ha sido parte de esos mensajes clave que diseñan estrategas de la comunicación para los políticos, con el fin de fijar una idea que parece sacada de las tácticas que describe George Lakoff en sus obras.
Lo peor de todo es que destacados expertos del área de la investigación social en el país, se equivocan en cuestiones básicas, como números, porcentajes, requisitos, focalización, resultados e impactos. Sus comentarios se convierten en posiciones clasistas que denigran las necesidades de las poblaciones más vulnerables e ignoran el efecto que tienen los programas que implementa el Estado dominicano para la cohesión social.
Desde el ejercicio de las funciones públicas, hemos apostado a la institucionalidad de la tarjeta Progresando con Solidaridad y a la transparencia de los colmados y demás negocios que conforman la Red de Abastecimiento Social, incluso en contra de intereses políticos y partidarios. No han sido una ni dos las veces que hemos recibido solicitudes de actores políticos para que se levanten sanciones impuestas a personas inescrupulosas, que han utilizado la tarjeta en detrimento de sus beneficiarios, que son las personas más pobres del país.
En adición, enfrentamos una confusión constante sobre el uso de la tarjeta, que nos llevó a tener dos colores distintos de la misma: el color verde para los casos en que se otorgan subsidios focalizados (como Comer es Primero, Incentivo a la Asistencia Escolar y Bonogás Hogar) y el color gris para los casos donde la tarjeta sirve para canalizar el apoyo de una institución a sus miembros (como es el caso de la Policía Preventiva y los Alistados de la Marina de Guerra).
Nuestra insistencia en la institucionalización ha sido tan rígida, que se disponen de requisitos para la entrada y salida al programa, definidos en conjunto con varios organismos internacionales y supervisados por estos. Existe una base de datos auditada y certificada con normas de calidad ISO. Ampliamos el número de compromisos que cada familia debe cumplir para continuar recibiendo los beneficios y diseñamos herramientas tecnológicas que auditan constantemente el cumplimiento de los objetivos.
Lamentablemente, las transferencias monetarias condicionadas están impregnadas de creencias y percepciones públicas paradójicas. Sin embargo, sólo quienes tienen la necesidad de este apoyo estatal comprenden qué tan importante es para su estabilidad familiar y económica. Los detractores de las políticas sociales cometen el grave error de pensar que los pobres son responsables de su situación y que, por ende, deberían renunciar a los reclamos para mejorarla. Para ello, aducen que estos programas no funcionan, que son político-partidistas y paternalistas. Nada menos cierto. El Estado está obligado a mejorar la situación de quienes viven en pobreza porque la equidad y la cohesión social se convierte en desarrollo, un desarrollo cuyos mayores beneficiarios son los que hoy critican estos programas.
Por décadas, se ha utilizado el erario público en beneficio de quienes no necesitan ayuda. En algunos casos como costos fiscales, en otros como privilegios, en algunos como ayudas sociales sin focalización ni evaluación previa. La institucionalidad de la tarjeta que hoy exhibimos responde a esas quejas de antaño con eficiencia, demostrando que podemos disponer de políticas públicas serias y de calidad.
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