El ambientalista y coordinador de la Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Luis Carvajal, afirmó este miércoles que el convenio firmado entre el Estado dominicano y Consorcio Azucarero Central (CAC) sobre el manejo del agua es “inconstitucional e ilegal”, al tiempo que advirtió que dicho acuerdo representa “un desastre de naturaleza social y ambiental”.
Durante una entrevista en el programa Matutino Su Mundo, Carvajal explicó que el convenio, suscrito en 2021 por el Ministerio de Medio Ambiente y el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), otorga un control desproporcionado del agua al consorcio privado, incluyendo la administración del dique de Santana, lo que a su juicio constituye una violación al principio constitucional que establece que el manejo de los recursos hídricos es una función intransferible del Estado.
“Ese convenio es inconstitucional. Primero, porque asigna un recurso por encima de las prioridades que establece la Constitución; segundo, porque transfiere la gestión del agua a una entidad privada; y tercero, porque crea un sistema de privilegio y subsidio a costa del resto de la sociedad”, detalló el experto.
Comisión de investigación presenta informe sobre la Laguna de Cabral
Asimismo, aseguró que la Comisión Ambiental de la UASD y la Academia de Ciencias ya tienen listo un informe técnico que será entregado al presidente de la República, al Senado y al Ministerio de Medio Ambiente, donde se recomienda anular el convenio y establecer un caudal ecológico obligatorio para garantizar la preservación de los ecosistemas.
En el informe presentado, se solicita que el Congreso declare nulo el convenio o que el presidente actúe para su anulación. Como explicó Luis Carvajal:
“Nosotros estamos pidiendo en el informe que el Congreso simplemente lo declare nulo o que el presidente… estamos pidiendo por varias vías su unidad, pero uno de los elementos debe ser ese. Ciertamente, creo que ha habido… No es un descuido del movimiento ambiental y de los sectores sociales, sino el hecho de pelear tan de manera inmediata con la realidad. No llego a entender, porque óigame, ese convenio lo conoce poca gente.”
Asimismo, Carvajal destacó las responsabilidades legales de los funcionarios del Estado ante las violaciones ambientales:
“Mire, la ley 6400 establece primero que cualquier violación… aquí hay claras violaciones a las leyes ambientales, hay otras violaciones también por las leyes ambientales, ellos son pasibles, no solamente de multa, de sanción, pero también es responsable… los funcionarios del estado, que, por negligencia, por inacción, por complicidad, por cualquier otra causa, hayan permitido que esto ocurriese aun cuando se estaban enterados.”
Entre 20 y 30 mil personas dependen de la Laguna Cabral
Carvajal agregó que el acuerdo le permite al consorcio utilizar más de dos terceras partes del agua del río Yaque del Sur, situación que ha agravado la crisis ecológica en la Laguna de Cabral o Laguna del Rincón, de la que dependen entre 20 y 30 mil familias por la pesca y la agricultura.
Escasez de agua es absoluta; el Estado debe intervenir
Asimismo, Carvajal señaló que la región sur enfrenta un déficit estructural de agua, con una demanda que supera en más del 123% la disponibilidad actual, lo que calificó como una situación de “escasez absoluta”.
“Hay menos agua de la que se necesita y se le está entregando casi toda a una sola entidad, ignorando las funciones primarias de los ecosistemas y el derecho de las comunidades”, subrayó.
Finalmente, advirtió que la crisis hídrica y ambiental en la Laguna de Cabral tiene ya consecuencias sociales graves, con comunidades movilizadas ante la pérdida de su principal fuente de sustento.
“La laguna es hoy un desastre ecológico, económico y social. Es urgente que el Estado asuma su papel en la gestión del agua y corrija este error histórico”, concluyó.
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