El empresario José Enrique Yáber denunció este miércoles que lleva más de cinco años enfrentando retrasos judiciales en el proceso por una presunta estafa inmobiliaria de 300,000 dólares en el Distrito Nacional, un caso que recientemente avanzó tras la negativa de un tribunal a suspender el juicio.
Yáber explicó que la inversión fue realizada en 2016 para la compra de un apartamento en la Torre Bellorizonte, en el sector La Esperilla, cuya entrega estaba prevista en un plazo de 19 meses. Sin embargo, aseguró que, tras el inicio de la pandemia de la COVID-19, la empresa constructora Arquiconstrucciones cerró sus oficinas y cesó toda comunicación con los compradores.
Según su relato, el inmueble, junto a otros 23 apartamentos del mismo proyecto, habría sido transferido posteriormente a terceros sin el consentimiento de los adquirientes originales.
“Desde hace siete u ocho años entregamos el dinero y hoy no tenemos ni el apartamento ni el capital invertido”, afirmó el empresario durante una entrevista en el programa “El Día”.
El caso, iniciado en 2021, ha estado marcado por dilaciones, incidentes procesales y recursos judiciales. De acuerdo con Yáber, la denuncia permaneció más de un año en la Fiscalía sin avances sustanciales e incluso fue archivada en una fase inicial, decisión que posteriormente fue revocada por un tribunal, permitiendo la continuidad del proceso.
La acción penal privada se fundamenta en cargos de abuso de confianza y bancarrota, en un expediente que involucra a los constructores Francisco y Frank Pimentel, así como a otras personas y sociedades comerciales presuntamente vinculadas.
El proceso cobró nuevo impulso luego de que, el pasado 17 de abril, la Octava Sala Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional rechazara una solicitud de sobreseimiento presentada por la defensa de uno de los imputados, al considerar que los recursos pendientes no tienen efecto suspensivo.
Yáber sostuvo que la prolongación del caso le ha generado “frustración” y advirtió que situaciones como esta pueden afectar la confianza de inversionistas en el sector inmobiliario, aunque afirmó mantener expectativas de que el sistema judicial emita una decisión de fondo.
El empresario indicó que al menos seis compradores adicionales se encuentran en condiciones similares, mientras que otros ocupantes del edificio no habrían recibido títulos de propiedad pese a residir en los inmuebles.
La próxima audiencia del caso está prevista para el 20 de mayo, en el marco de un proceso que continúa su curso en la jurisdicción de juicio tras varios años de litigio.
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