A propósito de Ley No. 311-14 que instituye el Sistema Nacional Autorizado y Uniforme de Declaraciones Juradas de Patrimonio de los Funcionarios y Servidores Públicos en la República Dominicana son muchas las interrogantes que los dominicanos se hacen, cuando ven las declaraciones que se hacen en la Cámara de Cuentas.
Pero al igual que la población, como medio de comunicación nos gustaría saber si se da cumplimiento al artículo 10 de la referida ley que establece que: e crea la Oficina de Evaluación y Fiscalización del Patrimonio de los Funcionarios Públicos, como organismo especial de la
Cámara de Cuentas de la República Dominicana, la cual tiene como funciones.
Según establece la misma ley el director de la Oficina de Evaluación y Fiscalización del Patrimonio de los Funcionarios Públicos es designado por el Pleno de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, mediante concurso público de oposición, de verdad que desconocemos quien es esta persona, a pesar de la importancia que tiene esa función.
En esta ocasión los dominicanos no paran el asombro, en torno a la cantidad de millonarios con que cuenta la República Dominicana, según los momentos con que cuentan nuestros funcionarios.
Pero también debe darse con lujos y detalle el patrimonio de los que terminaron sus funciones en el Estado, para que la ciudadanía tenga conocimiento de ello.
Pero esto no consideramos que debe quedar en una simple publicación, sino, que el órgano encargado de verificar lo que el funcionario declare, también sea dado a conocer al pueblo.
Pero también, esta ley lo que persigue es la transparencia de nuestros funcionarios, no se conoce un solo caso de alguien que haya declarado lo que no es, debido a que no se conoce de ningún sometimiento por falsedad en la declaración jurada de bienes.
Ha quedado demostrado que en la República Dominicana tenemos muchos millonarios, más que en muchos países desarrollado.
Pero es un poco extraño que el patrimonio de los funcionarios que acaban de entrar a la administración pública es mayor al de los que acaban de abandonar las cosas públicas.
Esta situación llama a la población a suspicacia, debido a que debía ser lo contrario, los que entran tener menor patrimonio que los que salen.
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