Todos los procesos electorales que ha tenido la República Dominicana han estado matizados por diferencias entre los que están en el poder y los partidos opositores.
El proceso electoral que se avecina para escoger en febrero los alcaldes, directores de distritos municipales y los concejales está generando fuertes debates entre la gran mayoría de partidos y la Junta Central Electoral en lo que tiene que ver con la resolución 13.2023 que tiene que ver con la reserva del 20% de las candidaturas de elección.
Dicha resolución que contó con el voto favorable de los cinco miembros del organismo electoral está lo suficientemente documentada, donde se hace referencia de que fue elaborada tomando en cuenta la constitución de la República, la Ley del Régimen Electoral 20-23, la Ley 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos y la sentencia 027-2019 del Tribunal Superior Electoral TSE.
Sin embargo, a pesar de lo bien que está elaborada la resolución, esta ha creado un revuelo en los partidos políticos, que pretenden forzar a la Junta Central Electoral violar todos los preceptos legales para beneficiarlos.
Es momento de que los partidos políticos se acostumbren a aceptar y a cumplir lo establecido en la Constitución y las leyes.
No podemos promover la violación de la Carta Magna y las leyes, porque de lo contrario nunca tendremos instituciones fuertes.
La Junta Central no es ni un sastre ni una costurera para hacer un traje a la medida de cada partido.
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