El presidente de la República, Luis Abinader, participa en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Acéanos, la cual se lleva a cabo en Niza, Francia, expresando su preocupación en torno al cambio climático, el medio ambiente y, de forma particular, el sargazo en el Mar Caribe, el cual afecta la biodiversidad, provoca problemas de salud en los humanos y daña el turismo y la industria pesquera.
La intervención del jefe de Estado está sustentada en argumentos justificativos. Dudo, empero, en su sinceridad, porque en nuestro país nada ha hecho para impedir la construcción de la presa de colas que levantaría en el Naranjo, provincia Sánchez Ramírez, la minera Barrick Gold, la cual contaminaría fuentes de agua subterráneas y superficiales, generando enfermedades respiratorias, de la piel y cáncer en residentes de poblaciones cercanas.
Su prédica en Francia dista mucho de la actitud complaciente exhibida con la Barrick Gold, cuya presidenta, Juana Barceló, es cuñada del ministro de Energía y Minas, Joel Santos, esposo de Ligia Barceló, diputada del PRM. (La familia Barceló es la más poderosa de Hato Mayor y siempre estuvo vinculada al Partido Reformista, pero se pasó al PLD a raíz de su reinado de 20 años, mudándose finalmente al PRM, en la disputa que esta organización escenificó por la conquista de los sectores oligárquicos de la República Dominicana.Eso sí, el presente Gobierno ha sabido cumplir todos los requerimientos de los oligarcas).
No hay pruebas de que Joel Santos esté asociado comercialmente a la Barrick, como en efecto están asociados decenas de funcionarios gubernamentales en múltiples empresas, revelando graves e inmorales conflictos de intereses, pero es lógico que para nada ha representado el interés nacional en la disputa que libran organizaciones campesinas con la famosa minera. Más que al Estado, este caballero representa a la Barrick, con el claro apoyo del presidente Abinader. Se trata de gente que habla en dólares.
Además, hay sobradas evidencias de que el grueso de los ministros y funcionarios importantes tienen empresas en el mismo sector en que se desenvuelven en el Estado. Dos ejemplos: 1) Celso Marrancini, jefe de todas las empresas eléctricas del Estado y simultáneamente empresario generador de energía. Posiblemente se compra y se vende él mismo. Y 2) Limber Cruz, ministro de Agricultura y uno de los principales productores de arroz del país.
Se trata de compromisos establecidos en las campañas electorales, en las que los candidatos no gastan un centavo de su bolsillo, que derivan en una vulgar compraventa. Todo se compra y se vende, incluyendo las candidaturas a cargos de elección popular, razón por la cual los narcos y riferos encuentran en el PRM inmunidad e impunidad. Han salido a la luz pública algunos casos espeluznantes, pero son aislados en sentido general o con relación a lo que todavía queda.
El periodista Huchi Lora tiene razón cuando sostiene que el PRM es el campeón de los narcos, sin que autoridad alguna de esa organización tenga la responsabilidad de dar el frente. Luis Abinader es el jefe de ese partido y Paliza es el presidente (dúo perfecto: Batman y Robin), pero supuestamente ninguno de los dos sabe nada de eso, evaden el tema, como si esos congresistas del bajo mundo fueron solos a inscribir sus candidaturas a la Junta Central Electoral, organismo que parece que tampoco depura.
José Francisco Peña Gómez dejó un partido con ideología, con principios y al servicio de los pobres. Hoy el PRM –un desprendimiento mayoritario del PRD que dejó Peña Gómez– no tiene ideología ni principios ni está al servicio de los pobres, sino de la oligarquía nacional. Todo se compra y se vende. Y los jóvenes egresados de las universidades, que no están contaminados con actos de corrupción, son discriminados y excluidos de las boletas electorales, para dar paso a delincuentes de cuellos blancos y negros.
El numeral 1) del Artículo 22, de la Constitución de la República, dice lo siguiente (al referirse a uno de los derechos de los ciudadanos dominicanos): “Elegir y ser elegibles para los cargos que establece la presente Constitución”. Es decir, los dominicanos no solo tienen derecho a acudir a votar por candidatos, muchos de ellos descalificados moralmente, sino también que pueden aspirar a esos mismos puestos.
En ese sentido, es inconstitucional que el PRM esté cobrando dinero a los precandidatos para inscribirlos, porque se trata de un derecho al igual que los demás derechos ciudadanos que aparecen en la carta magna. Para aspirar a la Presidencia de la República, por ejemplo, se cobra un millón de pesos, dinero que no puede pagar ninguna persona pobre ni de clase media, porque el que paga un millón por una precandidatura es lógico que por lo menos tiene cien. Algunos dominicanos disponen de cientos y hasta miles de millones, pero regularmente se trata de funcionarios ladrones, empresarios y personas vinculadas al bajo mundo.
Pese a la situación de negocio descarado que hay en el PRM se observa un silencio casi generalizado, propio de la cultura trujillista que todavía se arrastra. Trujillo duró 31 años en el poder haciendo y deshaciendo y muy pocos dominicanos se atrevieron a levantar la voz para oponerse. ¡Claro! Oponerse a Trujillo era una especie de sentencia de muerte. Pero 64 años después no se justifica continuar con la misma cultura política. En el PRM, sin peligros mayores de sentencia de muerte, (aunque sí a exponerse a las diabluras del tenebroso DNI) muchos aplauden todo lo que hace Luis Abinader, otros prefieren guardar silencio. Es la misma cultura de sumisión y adocenamiento al poder.
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