El pasado día 4 del presente mes, es decir, un día después de la intervención militar de Estados Unidos a Venezuela, el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, expresó su apoyo a la democracia de ese país. ¿A cuál democracia?¿Invadir a un país soberano y secuestrar a su jefe de Estado, esposarlo y trasladarlo a New York es un gesto de democracia? La población debía demandar que su gobernante abunde en torno a la temática y exprese claramente el concepto que tiene sobre ese sistema político.
Todo lo contrario: ha desestabilizado gobiernos democráticos, ha contribuido con sus derrocamientos y ha sabido enviar tropas a múltiples países del mundo para imponer sus intereses políticos y económicos, violentando el principio de la autodeterminación de los pueblos.
Los propios dominicanos hemos sido víctimas de dos intervenciones yanquis. La última fue el 28 de abril de 1965, cuando esa potencia impidió el retorno a la constitucionalidad con el profesor Juan Bosch, que había ganado ampliamente las elecciones del 20 de diciembre de 1962, tomó posesión el 27 de febrero de 1963, pero siete meses después fue objeto de un golpe de Estado por sectores militares y civiles que contaron con el apoyo norteamericano. Si para Abinader la tragedia venezolana, en la que hubo más de cien muertos, es democracia, entonces habría que inferir que él considera un hecho democrático la invasión militar a nuestro territorio y la muerte de unos cinco mil dominicanos.
Posiblemente Abinader está entre los que creen que la señora María Corina Machado es una representante de la democracia venezolana. ¿Y se puede ser demócrata y simultáneamente solicitar bloqueos y sanciones internacionales para su propia nación, contribuyendo enormemente con la grave situación económica que vive su población, la cual, a última instancia, ha sido la perjudicada? ¿Se puede ser demócrata y pedir insistentemente intervención militar a Estados Unidos y a Israel para violentar la soberanía de su propio país?
Finalmente, la señora Machado, logró su propósito de que Venezuela sea intervenido, pero hubo un error de cálculo político, pues ¿en qué se ha beneficiado con la “patada por el trasero” que le dio Donald Trump, descalificándola para presidir esa nación? Y Edmundo Gonzáles ni siquiera ha sido mencionado por Trump y demás halcones y psicópatas que ocupan la Casa Blanca.
Todo el que analiza la intervención de Venezuela y las alucinaciones de Trump, al decir que gobierna a ese país y controla su petróleo, sin considerar el carácter decadente del imperio y su desesperación en la búsqueda de zonas de influencia y dinero, está perdido. El imperio no solo quiere adueñarse de Venezuela, que tiene las mayores reservas de fósile y otros minerales que necesita, sino de Groenlandia, de Canadá y del Canal de Panamá.
Muchos no se dan cuenta que el tratado que tenía Estados Unidos con Arabia Saudita, suscrito en 1974, mediante el cual ese país solo podía vender su petróleo en dólares, en ninguna otra moneda, terminó, porque fue por 50 años y concluyó en 2024. La compensación que recibía ese país árabe consistía en protección militar por parte de Estados Unidos, a pesar de ser gobernado por una monarquía criminal, donde a los políticos y periodistas disidentes los asesinan. Es otro ejemplo de que a esa potencia no le importa la democracia en ningún lugar del mundo, mucho menos a su actual presidente.
Mientras tanto Arabia Saudita está vendiendo su petróleo en diferentes monedas y sus beneficios se han multiplicado. Otro inconveniente que tiene Estados Unidos radica en las economías emergentes que buscan aumentar influencia global, desafiando la hegemonía occidental, como son los casos de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica (Los Brics), que se proponen incluir a Irán, Egipto, Emiratos Árabes Unidos y Etiopía.
Algunos, no sé si el presidente Abinader está en ese grupo, pretenden comparar el caso de Maduro con el de Manuel Antonio Noriega, quien fuera capturado en Panamá el 3 de enero de 1990, trasladado a Estados Unidos y condenado por narcotráfico. Son dos casos diferentes. Noriega, que originalmente fue aliado de los yanquis, nunca fue formalmente presidente de Panamá. Y la corte que lo juzgó comprobó los cargos imputados. Lo de Maduro es diferente. Es el presidente constitucional de Venezuela, proclamado por los organismos competentes. Y como jefe de Estado en ejercicio goza de inmunidad conforme al derecho internacional y la convención de Viena.
Donald Trump, con el secuestro de Nicolás Maduro, comete varios ilícitos. Tropas norteamericanas no podían penetrar a Venezuela, aparte de que el presidente no contó siquiera con la autorización del congreso de su país. Y el argumento utilizado, de que Maduro era un narcotraficante, lo retiraron públicamente por carecer de pruebas. En buen derecho, ese juez no tiene otra alternativa que poner en libertad al presidente de Venezuela. La propia amonestación de que acaba de ser objeto Trump, de parte del Senado de su país, que le advirtió a no intervenir otra vez a Venezuela, fortalece la decisión del magistrado. El propio indulto que concedió Donald Trump a Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, condenado a 45 años de prisión por narcoterrorismo, es un dato que descalifica al presidente norteamericano.
Trump, está acusado de 34 cargos criminales. Ahora, en el plano internacional, habría que sumarle las ejecuciones extrajudiciales de decenas de personas cometidas en aguas del Caribe acusadas, sin evidencias probatorias, de ser narcotraficantes por un sujeto acostumbrado a mentir. Adicionalmente es un corsario que roba barcos petroleros de otras naciones.
Finalmente, habría que añadir crimen de lesa humanidad contra más de cien personas en Venezuela.
Por ahí vienen las elecciones de medio término y con un triunfo del Partido Demócrata Trump podría ser objeto de un juicio político.
Lo que no se entiende mucho es la participación del Gobierno dominicano en estos despropósitos de Donald Trump, al entregar dos aviones del Estado venezolano a las autoridades norteamericanas.
Y no conforme suscribe un acuerdo en el que viola el Art. 3 de la Constitución de la República, sobre la soberanía nacional, autorizando el uso de los aeropuertos de San Isidro y Las Américas al secretario de Guerra, en un supuesto plan contra el narcotráfico en el Caribe, vulgar mentira, pues lo que se planificaba era una agresión a Venezuela.
A Luis Abinader lo salva contar con un Congreso Nacional que solo sabe aprobarle empréstitos, contrariamente este presidente califica para un juicio político. Pretende justificar sus excesos bajo un supuesto apoyo a la democracia venezolana. ¿Cuál democracia Abinader? ¿La grosera y criminal intervención a una nación hermana? ¿A qué llama democracia? ¿A los privilegios que concede a los grupos económicos dominicanos? ¿A la libertad para robar que tienen sus funcionarios? ¿A los vínculos que le atribuyen a su gobierno con el narcotráfico? ¿A las ejecuciones extrajudiciales de jóvenes rateros, sin educación, sin salud y sin empleo y provenientes hogares desintegrados?
¡Dígame! ¿A qué llama democracia?
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