El Poder Ejecutivo controla el presupuesto de la nación, todos los ministerios y direcciones generales y ejecutivas, así como demás órganos estatales. Además, el presidente de la República, es el comandante en jefe de las instituciones castrenses y de la Policía Nacional, de conformidad al Artículo 128 de la Constitución de la República. Pero no termina ahí. Regularmente, cuando su partido es mayoría, también manda en las cámaras legislativas y pone y quita al procurador general a través del Consejo Nacional de la Magistratura, instituto donde a su vez el jefe de Estado suele tener mayoría.
Al controlar el Consejo Nacional de la Magistratura no es un secreto que los jueces designados al Tribunal Constitucional, Tribunal Superior Electoral y Suprema Corte de Justicia cuentan con el visto bueno del presidente de la República, como en efecto ocurre, de igual manera, con los miembros de la Junta Central Electoral y de la Cámara de Cuentas, aunque directamente la escogencia se haga a través del Senado de la República. En nuestro país el Poder Legislativo nunca ha sido un contrapeso y mucho menos ha ejercido su condición de primer poder del Estado.
Todos los resortes del Estado están bajo el dominio directo o indirecto del presidente de la República, quien no conforme reparte bonos a cerca de dos millones de dominicanos y usa una partida multimillonaria cada año en publicidad, para agenciarse noticias y opiniones favorables en los medios de comunicación social, que repercuten en el comportamiento de la opinión pública nacional, la cual aprueba mayoritariamente la gestión de gobierno de Luis Abinader, como también supo apoyar en el pasado a Danilo Medina y a Leonel Fernández.
En la actualidad se celebra, en Punta Cana, la 81 Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y la Libertad de Prensa y Noticias Falsas han sido los temas centrales. En nuestro país no se persiguen periodistas por sus ideas y hay libertad de expresión en el sentido más amplio en apariencia, porque desaparecieron los métodos de asesinatos y encarcelamientos de comunicadores desde hace varias décadas. Ahora la censura es indirecta y más sofisticada, consistiendo en no otorgar publicidad a medios que disientan del Gobierno, lo que ha llevado a la quiebra económica a decenas de productores de programas de medios electrónicos y de periódicos digitales.
Los medios tradicionales se alardean de divulgar noticias de hechos reales o veraces, lo que no ocurre siempre en las redes sociales. El problema más importante de los periódicos impresos y noticiarios televisivos no está en lo que publican, sino en lo que dejan de publicar. ¿Qué noticia que perjudique al Gobierno se publica en esos medios que hacen ostentaciones de la veracidad? ¿O acaso no es un hecho también veraz guardar silencio sobre acontecimientos importantes, por los interese que envuelven, que no se publican? La población se entera originalmente por las redes sociales de muchos escándalos de corrupción pública que estremecen a la sociedad.
¿Cuál es la razón del silencio de esos medios? Los medios de comunicación en República Dominicana, salvo excepciones, pertenecen a los mismos dueños. Hay un viejo monopolio. Y esos empresarios nunca hacen la contra al gobierno de turno, porque temen que les vayan a tirar a Impuestos Internos, que se acaben los privilegios arancelarios, entre otros. De igual manera, ¿qué favor que pida un dueño de un periódico al presidente no sería concedido? Es más: hasta los propios directores de medios gozan de la distinción del jefe de Estado, que es político, lo que aprovechan para resolver problemas hasta de miembros de su entorno familiar.
Sin embargo, reitero, la censura no se practica como en otras épocas, pero se mantiene una censura y autocensura de otro tipo, que afecta de todas maneras la posibilidad de un mayor flujo de noticias y opiniones en beneficio de la población. Y ante gobiernos tan poderosos, como el que tenemos en la actualidad, porque lo controla todo, en República Dominicana faltan medios capaces de informar sobre cualquier hecho que ocurra sin importar los intereses que involucre.
Solo con medios y comunicadores independientes podríamos obtener un mínimo equilibrio. Cuando salen noticias favorables al Gobierno eso es relaciones públicas. Cuando se publican trabajos, en las páginas editoriales, resaltando “la transparencia y buena intención” de Abinader tampoco se trata de un simple artículo. Eso es relaciones públicas. Si el Gobierno hizo algo bien sencillamente ese es su deber, porque es con recursos del contribuyente y para esos fines se le eligió.
No se puede generalizar y atribuir estar “en búsqueda” a todos aquellos que adjudican al presidente ser un hombre “transparente y bien intencionado”, pero sí están repitiendo una frase manida, cháchara, que la población no necesita por los grandes poderes de que dispone un presidente y por la millonada que se gasta en publicidad con recursos de los dominicanos.
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