En República Dominicana no hay democracia, hay una caricatura donde los poderes públicos siguen centralizados y a las órdenes del ejecutivo, el cual usa y abusa impunemente de los recursos estatales. Una muestra está en que el Congreso Nacional aprueba contratos leoninos al interés nacional, leyes que contrarían la Constitución y, en tiempo récord, empréstitos que ascienden a 40 mil millones de dólares.
¿Qué se ha hecho con tanto dinero? El país está hipotecado y la verdad es que Luis Abinader no ha resuelto ningún problema estructural ni puede exhibir grandes obras en los tres años y varios meses que tiene al frente de los asuntos del Estado. Es una administración que se ha caracterizado por la corrupción pública y el despilfarro de los recursos del contribuyente. Desde hace más de un año, es decir, cuando arrancó el proyecto reeleccionista, los funcionarios públicos tienen luz verde para robar, sin temor alguno a que haya persecución judicial. Al Ministerio Público se le acabó la gasolina.
Con motivo de las elecciones municipales el derroche de dinero del Estado no tiene precedentes en el país. A todos los candidatos del PRM, a nivel nacional, se les ha otorgado millares de pensiones solidarias para que sean distribuidas entre sus seguidores o votantes que puedan favorecerles. ¿Y de dónde sale ese dinero? ¿De las compañías offshore que Abinader tiene en Panamá? ¡No señor! Esas miles de pensiones solidarias serían pagadas del Presupuesto Nacional, lo que obligaría irresponsablemente a que se siga tomando más empréstitos para completar el pago de la abultada nómina estatal.
De forma adicional, en estos días de campaña electoral, el Estado dominicano ha multiplicado por mil las entregas de asistencias sociales a familias pobres, sobre todo vinculadas al PRM. En cada municipio del país se distribuyen alimentos, materiales de construcción, electrodomésticos, cajitas para servicio de internet y dinero en efectivo. Algunos ingenuos podrían estimar que se trata de actos de generosidad del Gobierno. No. Es evidente que los fines son electoreros y en desmedro de las demás fuerzas políticas que acuden al certamen comicial. ¿Dónde está la democracia si no hay equidad y se trata de una competencia desigual?
La forma de justificar estos excesos es alegando que en los gobiernos del PLD se hizo lo mismo, pero precisamente por esa razón sacamos del poder al partido morado y se concretizó el anhelado cambio, que ha resultado ser una reversa funesta.
Para colmo, ha trascendido, que los funcionarios del Gobierno se estarían distribuyendo las provincias y municipios del país para el alquiler de cédulas, a un monto de tres mil pesos por unidad y por un período de 24 horas. Es una operación que se hace con personas pobres que supuestamente sufragarían por candidatos de la oposición.
Esa conducta gubernamental hace inferir que los números no le cuadran y necesitan desnaturalizar y contaminar el proceso para poder alcanzar un mayor número de alcaldes. Una muestra de que las cosas no pintan tan positivas para Abinader está en que las firmas encuestadoras creíbles no publicaron nada respecto al torneo comicial municipal. Se dice que el Gobierno llegó a un acuerdo con los empresarios, dueños de medios de comunicación, para que no divulguen estudios de opinión. Y se supone que ningún hombre de negocios se atreve a desafiar a un gobierno por las implicaciones impositivas, entre otras persecuciones.
El hecho es que la población dominicana se quedó sin ideas de los eventuales resultados electorales del domingo 18, al tiempo que se denuncian, de forma documentada, planes de hackeo y manipulación a los equipos de la Junta Central Electoral de parte de fuerzas oscuras y del bajo mundo vinculadas al gobierno del cambio.
Algunos consideran que no se puede esperar otra actitud de parte de un gobierno que carece de luces, que no puede exhibir logros. A los pocos meses del cambio, Luis Abinader designó una amplia comisión para la reforma policial, se gastó millones de pesos y dólares y esa institución está igual, brillando por las precariedades para enfrentar una inseguridad ciudadana que crece diariamente.
Siempre fui opositor a Joaquín Balaguer, pero tengo que admitir que el extinto caudillo reformista tenía razón cuando expresó: “Cuando un presidente quiere que algo no funcione solo tiene que designar una comisión”. Eso precisamente hizo el actual jefe de Estado, el cual llegó a despacharse planteando un fideicomiso para la Policía Nacional, porque todo lo suyo termina en escurrir el bulto y privilegiar a la oligarquía nacional. ¡Qué gracioso, privatizar la Policía Nacional!
Los niveles de corrupción, de este gobierno, son tan elevados que en el propio Palacio Presidencial hay múltiples oficinas ocupadas por funcionarios con expedientes judiciales, ante el silencio y la actitud indiferente de la directora de Ética Gubernamental, la doctora Milagros Ortiz Bosch. ¿Qué ha dicho doña Milagros respecto al señor Pablo Daniel Portes Goris, asesor financiero del Poder Ejecutivo, que despacha diariamente con Luis Abinader, a pesar de ser la mano derecha en el país de Gilbert Bigio, empresario que patrocina las pandillas delincuenciales haitianas y con entrada prohibida a Estados Unidos y Canadá?
Pero tampoco se conoce ninguna opinión de doña Milagros con relación a Angelita Peña, asesora en comunicación del Poder Ejecutivo y se ve la cara diariamente con el presidente, pese a ser una persona con un expediente judicial, acusada de estafar con unos cinco millones de dólares a una compañía, mediante una operación que involucra una villa en la región Este del país.
Ante un gobierno corrupto y abusador lo que procedía desde hace algún tiempo es que doña Milagros, que llegó al cargo con fama de seria, renuncie y guarde distancia. ¿O acaso el prestigio y buen nombre que ganó en el PRD, en los tiempos de Peña Gómez, no tiene más valor que el sueldo que devenga?
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