El tema de la indexación salarial no debería ser motivo de discusión, sino una acción cumplida por parte del Estado. Desde 2017 existe una ley que ordena el ajuste de los salarios conforme al aumento del costo de la vida, pero año tras año su aplicación se posterga bajo distintos pretextos políticos o económicos.
El propio artículo 327 del Código Tributario de la República Dominicana establece que el Poder Ejecutivo debe ordenar cada año un ajuste por inflación a los tramos gravados del impuesto sobre la renta de las personas físicas, basado en el Índice de Precios al Consumidor del Banco Central. Sin embargo, esta disposición ha sido ignorada sistemáticamente, afectando el equilibrio fiscal y, sobre todo, el poder adquisitivo de los trabajadores.
El reclamo del senador Omar Fernández pone sobre la mesa una realidad que afecta directamente a miles de empleados públicos: sus salarios permanecen congelados mientras los precios suben sin freno. En un país donde se habla tanto de justicia social, resulta incoherente que el propio Gobierno no cumpla una disposición legal diseñada precisamente para proteger el ingreso real de los ciudadanos.
La ley no se negocia ni se aplica según conveniencia. Cumplirla es un deber institucional, no una opción política. Se ha vuelto un mal hábito promulgar leyes sin garantizar su ejecución. Es hora de actuar con coherencia y responsabilidad, porque quien exige respeto a la ley debe ser el primero en cumplirla.
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