En este país ya no basta con que una decisión sea legal. Tiene que ser creíble. Y el retiro del general Javier Torres Dotel, guste o no, se mueve en esa zona gris donde los decretos cumplen… pero las dudas sobreviven.
Que la Ley 590-16 faculta al Poder Ejecutivo para disponer retiros en la Policía Nacional nadie lo discute. Ahí está la norma, con sus causales de antigüedad, tiempo en el rango y la recomendación del Consejo Superior Policial. En el papel, todo puede verse impecable.
Pero la experiencia dominicana ha enseñado algo incómodo: la legalidad fría no siempre convence a la opinión pública.
Porque cuando a un oficial general lo envían a retiro y la explicación oficial llega corta, escueta o tardía, lo que se instala no es la certeza… es la sospecha. No necesariamente de ilegalidad, pero sí de discrecionalidad. Y en materia de seguridad pública, la discrecionalidad mal explicada es combustible para la desconfianza.
Aquí el punto no es jurídico; es político-institucional.
La pregunta que flota no es si Torres Dotel podía ser retirado, sino por qué ahora y con qué criterios verificables. Cuando esas respuestas no se ponen sobre la mesa con precisión quirúrgica, el vacío lo llena la especulación.
La reforma policial que impulsa el Gobierno no puede darse el lujo de operar con silencios administrativos. No en este momento. No con el nivel de escrutinio que pesa sobre la institución. La confianza no se decreta en la Gaceta Oficial: se construye con información completa, oportuna y comprobable.
Y dentro de la propia Policía el mensaje también corre. Los oficiales miran estos movimientos con lupa interna. Evalúan. Sacan cuentas. Cuando las reglas del juego no se perciben totalmente previsibles, la incertidumbre empieza a caminar por los pasillos, aunque el decreto esté jurídicamente blindado.
¿Hubo violación de derechos? Eso solo lo dirán los números duros: edad, años de servicio, tiempo en el rango y debido proceso. Pero hay una verdad que el Gobierno haría bien en no subestimar: la legitimidad institucional no vive solo en la ley; vive en la percepción de justicia.
La Policía Nacional está en plena cirugía de reforma. Precisamente por eso, cada retiro de alto nivel debería explicarse con luz de estadio, no con linterna de bolsillo.
Porque el país ya aprendió —a fuerza de experiencias— una lección simple y brutal: lo que no se explica bien, se sospecha; y lo que se sospecha, erosiona la confianza pública.
En tiempos de reforma policial, la transparencia no es un gesto de cortesía institucional. Es una necesidad estratégica.
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