El lema de la Policía Nacional, «Proteger y Servir», parece cada vez más alejado de las vivencias diarias de los ciudadanos. Los excesos de algunos de sus agentes continúan ensombreciendo la labor de una institución que debería inspirar confianza y seguridad. El caso más reciente ocurrió ayer en el puerto Caucedo, durante un paro de labores protagonizado por choferes, donde un agente disparó en la pierna a un camionero.
Este incidente es solo un ejemplo más de la falta de control interno que prevalece en la institución policial. La sociedad ha sido testigo de un patrón preocupante de abuso de poder y uso desproporcionado de la fuerza por parte de algunos agentes. Aunque no se puede generalizar ni ignorar las contribuciones positivas de la policía, estos episodios reiterados erosionan la confianza ciudadana y alimentan la percepción de impunidad y descontrol.
El director de la Policía Nacional tiene la responsabilidad ineludible de garantizar que sus agentes actúen conforme a los principios de respeto, prudencia y apego a los derechos humanos. Los excesos, en cualquiera de sus formas, son inaceptables y socavan los esfuerzos por construir una relación más armoniosa entre la institución y la ciudadanía.
Esta no es la reforma policial que la sociedad espera, ni mucho menos la que estamos pagando con nuestros impuestos. Una verdadera reforma no se trata solo de cambios estructurales o de aumento en los recursos, sino de transformar profundamente la cultura institucional y de garantizar que el lema «Proteger y Servir» sea más que una frase vacía.
Es momento de poner un alto a los abusos. Cada exceso, cada disparo injustificado, cada acto de violencia sin causa legítima es un golpe a la credibilidad de la policía y una afrenta al Estado de derecho. Si la Policía Nacional quiere recuperar su legitimidad, necesita demostrar que está comprometida con el bienestar de los ciudadanos, no con perpetuar prácticas que desvirtúan su razón de ser.