El presidente de la República, Luis Abinader, con motivo de su contundente triunfo electoral, en la contienda comicial del pasado 19 de mayo, anunció un conjunto de reformas encaminadas a modernizar y a institucionalizar al país, por lo que expresé mi respaldo a su iniciativa de forma oral en Youtube, así como escrita en múltiples diarios nacionales. Posiblemente el jefe de Estado actuó con las mejores intenciones, pero al analizar con detenimiento las modificaciones resultan ser insustanciales en algunos casos y perjudiciales, inclusive, en otros.
La reforma constitucional no afectó a nadie, pero tampoco trajo beneficio de ninguna índole. Unificar las elecciones en un mismo día, endurecer el candado para evitar más de dos períodos presidenciales y reducir el número de diputados son aspectos intrascendentes. Hubo ilusión con el asunto del Ministerio Público, pero ¿qué diferencia hay entre el presidente designar directamente al procurador que hacerlo a través del Consejo Nacional de la Magistratura? Es que no se trata siquiera de una terna, sino de una persona recomendada por el jefe de Estado.
Ese procurador hubiera sido independiente si fuese por concurso, donde se entrevisten a los participantes a través del Consejo Nacional de la Magistratura, estableciendo capacidad y competencia, tal y como se hace con los miembros de las distintas cortes. Además, la designación del nuevo procurador es por cuatro años, es decir, el equivalente al período del primer mandatario. Es como para que los presidentes se sigan acompañando de un abogado de su entorno, que nose le ocurra hacer justicia contra las personas que lo llevaron al cargo.
Muchos aspirábamos a que el Gobierno no tenga déficit fiscal, es decir, gastos por encima de los ingresos, lo que impide destinar una buena partida del presupuesto en inversiones de obras, que contribuyan a elevar los servicios públicos y, en consecuencia, a desarrollar el país. Es preocupante que solo se invierta en obras el 1.3% del Producto Interno Bruto cada año. En ese sentido, hubo una especie de aplauso cuando el ministro de Hacienda, Jochy Vicente, anunció que la reforma fiscal se focalizaría en perseguir a los evasores de impuestos.
Lamentablemente cuando el proyecto llegó al Congreso Nacional la gente descubrió que había fundamentalmente una extensión del ITEBIS, el cual se llamaría IVA, involucrando a múltiples productos alimenticios, afectando a los bienes inmobiliarios e inclusive al ahorro. Se trataba una reforma letal para las clases media y baja, mientras la evasión del pago del impuesto sobre la renta, en sectores empresariales, continuaba igual. Parece que el presidente Abinader no podía enfrentar ese problema y prefirió retirar el proyecto de las cámaras legislativas.
Ahora lo que se discute es el Proyecto de Ley de Reforma Laboral, donde los empresarios muestran cortesía, hablan de derechos adquiridos de los trabajadores, pero andan con un puñal envuelto, queconsiste en reducir la cesantía. Es decir, que a los empleados del sector privado solo se les contaría 6 años, indistintamente de que trabajen 10, 15, 20 o 25 años. Eso es lo que se llama la ley del embudo, a pesar de que quienes crean las riquezas son los trabajadores. Los empresarios regularmente emprenden proyectos con préstamos bancarios, los cuales, cuando son con el banco del Estado, muchas veces ni los pagan por razones de compromisos de campaña.
Ese proyecto, de aprobarse, puede traer problemas, porque sería un retroceso. Y lo aconsejable es que el PRM, como entidad política, se pronuncie al respecto, rechazando ante la población ese nuevo despropósito. Ya algunos dirigentes del Partido Reformista, organización de una historia conservadora, se han opuesto públicamente. Las reformas que se hagan es para modernizar y avanzar, no para sepultar derechos y reivindicaciones sociales y económicas.
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