Por Arismendi Diaz Santana
Minorías cuestionan el SFS porque garantiza derechos, eleva el poder de decisión de los afiliados, condiciona el pago a los médicos según la prestación de los servicios e impide los fraudes contra la salud de las familias más pobres y vulnerables
La férrea oposición a las reformas del sistema de salud que dispone la Ley 87-01 expresa la lucha de poder subyacente en la relación médico-paciente. Se trata del control de un gasto nacional en salud este año estimado en 500,000 millones de pesos.
El poder sobre estos recursos no depende de quién los financia, sino de quién los paga. Cuando el pagador es el Estado el poder se desplaza fuera del consultorio degradando el trato y la calidad del servicio porque ahora el ingreso del médico no depende del paciente.
Los “pacientes directos” tienen poder porque escogen y le pagan a un médico inducido a mejorar la atención. En cambio, en los hospitales públicos (MISPAS y/o IDSS) es relegado a un tercer plano porque el médico recibe un salario fijo y ahora su lealtad es al político que lo nombra y al CMD que lo protege.
Con el auge de la medicina pública centralizada, verticalizada y clientelista la asimetría en la relación médico-paciente se consolidó notablemente, reduciendo al afiliado a una tercera categoría. Como decía mi abuela, “en los hospitales públicos los pacientes somos un cero a la izquierda”.
En nuestro país, esta asimetría médico-paciente resulta superlativa porque el CMD opera como un sindicado por encima de la ley, imponiéndole al Estado sus intereses mediante paros y huelgas. Además, bloqueando todas las reformas del sistema de salud orientadas a otorgar poder al afiliado para que deje de ser “un cero a la izquierda”.
El SFS redujo esta desbordante asimetría estableciendo: 1) ARS y PSS públicas y privadas; 2) la libre elección de los afiliados; 3) la facultad de las ARS de autorizar los servicios; 4) la firma del paciente para autorizar el pago a los médicos y centros de salud; 5) la administración del riesgo contra fraudes y prescripciones innecesarias y costosas; y 6) la atención primaria de salud como la puerta de entrada a la red de salud.
El afiliado entra al consultorio con mayor autoridad y seguridad porque tiene el poder de asignar los recursos y cuenta con la DIDA para reclamar sus derechos
Desde luego, falta información y existen muchas distorsiones. Pero ahora el afiliado entra al consultorio con mayor autoestima y seguridad porque es quien decide a quien pagarle, pudiendo acudir a la DIDA para reclamar sus derechos y solicitar orientación médica a su ARS, poderes que nunca tuvo en el viejo seguro social.
La resistencia de las minorías a estos cambios que reducen la unilateralidad de la relación médico-paciente es permanente. Un bloqueo férreo de profesionales que faltan a la ética y a la confianza del paciente y que incumplen los protocolos y reciben comisiones a cambio de prescribir análisis, estudios y medicamentos innecesarios y costosos.
Cuestionan al SFS porque garantiza derechos y condiciona el pago a la prestación de servicios suficientes y de calidad; porque su función esencial es elevar el poder de decisión de los afiliados; y porque impone una vigilancia permanente para evitar excesos y abusos contra el derecho de los afiliados.
Se cuestiona a las ARS por temen la detección de los fraudes, los excesos de facturación y los cobros excesivos de diferencias y copagos. Y, en cambio, propugnan por un seguro social sin garantías de derechos, clientelista, corrupto y dócil frente a las presiones para preservar intereses y privilegios.
Cuando las instituciones son ineficientes la salud deja de ser un derecho. Se trata de cambios esenciales que las minorías no están dispuestas a aceptar, contando con un Estado complaciente frente a los privilegios y abusos de poder. Esta férrea resistencia nos ofrece una idea bien clara de la trascendencia de las reformas propuestas.
La Fundación Seguridad Social para todos (FSSPT) lucha porque el afiliado deje de ser un rehén y un cero a la izquierda, elevando su poder de decisión. Defiende mayores ingresos para los médicos laboriosos y éticos, a cambio de más servicios oportunos y de calidad. No podemos aceptar que la lucha de poder e intereses espurios decida alegremente quién vive y quién muere, porque el cuidado de la salud es un derecho constitucional.
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