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Nota Pública: sobre el cumplimiento de deberes y la garantía de derechos en República Dominicana

La ley reconoce la salud como un derecho fundamental. Sin embargo, es ampliamente conocido y documentado que existen dificultades de acceso, limitaciones en la calidad de los servicios

Redacción El Universal Digital
Redacción El Universal Digital

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DEfensora de los DerechosHumanos Rebeca Henrriquez

DEfensora de los DerechosHumanos Rebeca Henrriquez

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Fundación Derechos Humanos Global

Rebeca Henríquez, presidenta nacional

La Constitución de la República Dominicana establece con claridad que el Estado es el responsable principal de garantizar, proteger y hacer efectivos los derechos fundamentales de todas las personas que habitan en el territorio nacional. Asimismo, establece que la ciudadanía tiene deberes y obligaciones que cumplir.

Desde nuestra labor de seguimiento, educación y defensa de los derechos humanos, observamos una situación que es motivo de preocupación nacional: se exige a la sociedad el estricto cumplimiento de sus deberes y obligaciones legales, mientras que muchas de las garantías y derechos que el propio Estado debe asegurar no se cumplen plenamente ni se hacen efectivos en la práctica, tal como lo señalan distintos informes de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos.

A continuación, exponemos las situaciones que son objeto de preocupación constante, basadas en el marco legal vigente y en la realidad que observamos:

Áreas donde existen retos y deficiencias en la garantía de derechos

Derecho a la salud

La ley reconoce la salud como un derecho fundamental. Sin embargo, es ampliamente conocido y documentado que existen dificultades de acceso, limitaciones en la calidad de los servicios, escasez de insumos y medicamentos en centros públicos, y barreras para poblaciones en condición de vulnerabilidad. Reclamamos que se cumpla el mandato constitucional de brindar atención sanitaria digna y equitativa para todos.

Derechos de las personas con discapacidad

La Ley 5-13 establece normas claras de inclusión, accesibilidad y protección. No obstante, en la vía pública, edificios, escuelas y servicios persisten barreras físicas y sociales que impiden su plena participación. Aún hay limitaciones para acceder a educación adaptada, trabajo digno y respeto a su autonomía. Exigimos que las leyes existentes se apliquen y se garantice el acceso real, tal como lo manda la normativa vigente.

Derecho a la Educación

Es un derecho y un deber del Estado ofrecer una educación integral, de calidad y en igualdad de condiciones. Se observan retos en infraestructura, recursos y cobertura, especialmente en zonas rurales y para grupos excluidos. Pedimos que se asegure que el derecho a aprender sea una realidad para cada niño, niña y joven, sin distinción.

Derecho a la seguridad y trato digno

Las leyes dominicanas prohíben el abuso de autoridad, la violencia institucional y el trato cruel o degradante. Existe preocupación por denuncias de actuaciones irregulares, uso excesivo de la fuerza y condiciones de reclusión que no cumplen con estándares mínimos de dignidad, tal como han reportado organismos de protección. Requerimos que se respete estrictamente el marco legal y que toda actuación de las autoridades se ajuste a la ley y al respeto a la vida.

Gualdad y no discriminación

Nuestra Carta Magna proclama que todas las personas nacen libres e iguales ante la ley. Sin embargo, persisten situaciones donde personas son tratadas de forma distinta por razón de su origen, género, condición social o discapacidad. Defendemos el principio de que la ley debe aplicarse igual para todos, y que no debe haber exclusiones ni tratos desiguales.

Derechos de la mujer

La Ley 24-97 y otras normas buscan prevenir y sancionar la violencia de género. Aún así, las cifras y denuncias indican que la violencia y la falta de protección siguen siendo problemas graves. Exigimos que se fortalezcan los mecanismos de prevención, protección y justicia para que las mujeres vivan libres de violencia y con plenos derechos.

Derecho al trabajo digno

El trabajo es un derecho y una obligación social. Se reconoce que hay retos en materia de salarios justos, condiciones laborales, seguridad social y oportunidades. Reclamamos que se garantice un entorno laboral justo y conforme a la ley, donde se respeten los derechos de quienes trabajan.

Es fundamental que exista equilibrio: es justo que la ciudadanía cumpla con sus deberes, pero es indispensable que el Estado cumpla con su deber primordial: garantizar los derechos que la ley reconoce.

No es sostenible ni equitativo exigir obligaciones cuando no se ofrecen las garantías correspondientes. Desde la Fundación Derechos Humanos Global, continuaremos trabajando en la educación, la promoción y la defensa de los derechos humanos, siempre dentro del marco de la ley, la Constitución y los tratados internacionales.

Nuestra labor es señalar estos retos, proponer soluciones y exigir que se cumpla lo que ya está escrito: que los derechos sean realidad para todos, sin excepciones.

Por un Estado que cumpla, garantice y respete.

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