Ser presidente de un país es una gran responsabilidad que le otorga el pueblo a una persona para que por un periodo determinado dirija los destinos de la nación.
Por esa razón, en la República Dominicana como país creyente en Dios cuando un ciudadano procede a tomar juramento como primer mandatario de la nación, lo primero que hace es jurar cumplir y hacer cumplir la Constitución y las Leyes del país.
Por lo tanto, se ser presidente de la República Dominicana no le otorga el privilegio de violar o permitir que los ciudadanos violen nuestra carta magna y las leyes.
Por eso en nuestra Constitución existe la figura del juicio político contra los funcionarios públicos que cometan algún acto que atente contra el país o contra la Constitución y las leyes.
El Congreso Nacional es el órgano facultado por la propia Constitución para la elaboración de las leyes, que por cierto salen bastante costosas.
Una vez una ley es aprobada por el Congreso Nacional, es facultad del Poder Ejecutivo promulgar u observar, pero una vez promulgada es responsabilidad del Estado velar por su fiel cumplimiento.
Entendemos, que es preciso que el Estado como garante de hacer que las leyes se cumplan ponga más empeño en ese sentido, ya que son muchas las leyes aprobadas y promulgadas que solo quedan en el papel.
Estamos conscientes que un Estado que no aplique bien su ordenamiento jurídico es un Estado que está condenado al fracaso.
El Congreso Nacional está cumpliendo su papel de elaborar las leyes y adaptarla a la Constitución, pero es el Gobierno en sentido general, quien debe hacer que las mismas se cumplan a cabalidad.
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