Lo que está sucediendo en la República Dominicana es digno de que nuestras autoridades pongan la debida atención.
Nos referimos al escándalo que ha provocado el hecho que una fiscal acompañada de agentes de la dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), supuestamente colocaran drogas en una barbería en el municipio de Villa Vásquez, provincia Montecristi.
Es una situación que ha puesto entredicho la imagen de la Dirección Nacional de Drogas y de la justicia dominicana.
Es preciso que con ese hecho se siente un precedente y se llegue hasta las últimas consecuencias para que situaciones de esa naturaleza sean corregidas.
No es posible que quienes están llamados a combatir el delito, sean quienes estén incurriendo en la comisión de delitos y en delitos como es el de colocar drogas a personas inocentes.
Es algo verdaderamente terrible, que no debe quedar en la impunidad, ya que de lo que se trata es de la moral de los ciudadanos.
Es un imperativo que las autoridades judiciales brinden una repuesta también en torno a la salida del país de la fiscal de Montecristi Carmen Lisset Núñez.
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