«En los diferentes Centros de Corrección y Rehabilitación (CCR) del país, la realidad es alarmante y requiere atención urgente.
Estos espacios, que deberían funcionar como centros de rehabilitación y reintegración social, se han transformado en verdaderos focos de corrupción, maltrato y violaciones sistemáticas de derechos humanos.
Los internos, en lugar de recibir el tratamiento necesario para su reintegración, son sometidos a condiciones inhumanas. Se niega el acceso a atención médica urgente, lo que ha llevado a la muerte de varios internos por enfermedades tratables. Esta situación no solo representa una violación de sus derechos fundamentales, sino que también refleja un grave fracaso del sistema penitenciario en su deber de cuidar y proteger la vida de las personas bajo su custodia.
A diario, se reportan numerosas denuncias sobre abusos sistemáticos y corrupción dentro de los CCR. Sin embargo, el ciclo de impunidad prevalece, ya que no existe un régimen de consecuencias efectivo para quienes perpetúan estas injusticias. Las autoridades responsables a menudo ignoran estos informes, y la intervención solo ocurre cuando un caso se vuelve viral en las redes sociales. Esto pone de manifiesto una grave falta de responsabilidad institucional y una cultura del encubrimiento que fomenta la desconfianza entre los internos y el sistema.
Más preocupante aún es el hecho de que muchos de los funcionarios encargados de la custodia y rehabilitación pueden exhibir comportamientos más antisociales que aquellos que están encarcelados. Este entorno tóxico no solo perpetúa la violencia y el abuso, sino que también deshumaniza tanto a los internos como al personal. La falta de un enfoque humanitario en la gestión de estos centros contribuye a un ciclo interminable de sufrimiento, desconfianza y estigmatización.
Asimismo, es fundamental reconocer que la rehabilitación real requiere un cambio profundo en la forma en que se gestionan estos CCR. Deben implementarse programas efectivos que aborden las necesidades psicológicas, educativas y sociales de los internos. La capacitación adecuada del personar también es esencial para garantizar que se actúe con respeto y dignidad hacia todos los individuos bajo su custodia.
Es imperativo que se tomen medidas urgentes para reformar estos sistemas penitenciarios. Las políticas deben centrarse en garantizar el respeto a los derechos humanos, promover verdaderas oportunidades de rehabilitación y asegurar un ambiente seguro tanto para los internos como para el personal. Solo así podremos romper con este ciclo vicioso y construir un sistema penitenciario justo y humano que contribuya a la paz social.»
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