En la República Dominicana, la frustración de los familiares de las víctimas de crímenes violentos está alcanzando niveles alarmantes. La reciente decisión de la jueza Alexandra Reyes en Higuey, quien dictó un «no ha lugar» en el caso de Yeira Idraivia Encarnación Correa, una menor cuya vida fue trágicamente arrebatada el 14 de marzo de 2024, refleja una preocupante realidad: muchos jueces y fiscales parecen no garantizar la justicia que tanto se necesita, vulnerando así los derechos fundamentales de las personas.
Mildre Correa, madre de Yeira, se vio obligada a presentar la osamenta de su hija ante la fiscalía de Higüey para exigir justicia en un caso que debería ser tratado con la seriedad y sensibilidad que merece. Sin embargo, la decisión judicial ha dejado un vacío doloroso en su búsqueda por respuestas y justicia. El hecho de que tres adultos estuvieran involucrados en llevar a dos menores al río Anamuya, donde Yeira fue encontrada ahogada, debería ser suficiente para investigar a fondo y asegurar que se rinda cuentas.
La impotencia que sienten muchas familias puede llevarlas a considerar medidas desesperadas. Recuerden lo que hizo el “ebanista», aquel que tomo la justicia por su propia mano, se convierte en una tentación cuando el sistema falla. Este es un camino peligroso que podría llevar a más violencia y desconfianza en las instituciones. Sin embargo, es comprensible que los familiares se sientan abandonados por un sistema que no parece protegerlos.
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