Mientras el Estado dominicano juega a ser solidario con otros países, la República Dominicana se dirige hacia un posible estallido social. Antes de aumentar el peaje, el mandatario debió culminar la reparación y construcción de las carreteras en mal estado, crear fuentes de empleo y aumentar los salarios de los trabajadores en hospitales, como camilleros y conserjes, quienes ganan entre 11,000 y 12,000 pesos, lo que consideramos un abuso.
Lamentablemente, en nuestro país solo se observan aumentos salariales para los funcionarios del Estado, mientras los más empobrecidos son ignorados y sumergidos en la pobreza. Se otorgan préstamos sin considerar que los derechos de los niños se vulneran a diario; el CONANI no tiene espacio para recibir a los niños de la calle.
Los bomberos y la defensa civil están en el olvido. La canasta básica sigue aumentando descontroladamente, y los delincuentes ignoran las leyes. Las cárceles, en lugar de ser centros de rehabilitación, se han convertido en lugares de tortura y corrupción.
Los servicios básicos son un derecho que se impone a la ciudadanía, obligándola a pagar, pero la realidad es que no se reciben como deberían. El agua potable y la energía eléctrica son ejemplos claros; los ciudadanos solo sienten su impacto a través del alto costo de las facturas, sin recibir un servicio adecuado y constante.
Esto refleja una profunda injusticia, ya que la población está pagando por servicios que no cumplen con las expectativas mínimas de calidad y disponibilidad. Esta situación agrava aún más la crisis social y económica que enfrenta el país.
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