La reciente reforma policial en República Dominicana ha generado expectativas entre la ciudadanía, que anhela un cambio real en la forma en que se ejerce la seguridad pública. Sin embargo, a diario somos testigos de situaciones preocupantes que ponen en duda la efectividad de estas medidas.
La violación de los derechos humanos de hombres y mujeres trabajadores se ha vuelto una triste realidad, mientras que algunos miembros de la institución policial parecen aliarse con antisociales, afectando a quienes solo buscan el sustento digno para sus familias.
Es inaceptable que, en pleno siglo XXI, aún existan prácticas que privilegien a criminales por encima de ciudadanos honestos. La falta de responsabilidad y compromiso por parte de ciertos agentes no solo compromete la eficacia de la policía, sino que también alimenta un ciclo de desconfianza y temor en la sociedad. Cada día, nos preguntamos si realmente estamos avanzando hacia una transformación o si simplemente estamos ante un cambio superficial.
Para que esta reforma sea efectiva, es fundamental establecer mecanismos claros de rendición de cuentas y promover una cultura de respeto a los derechos humanos dentro de las fuerzas del orden. La policía debe estar al servicio del pueblo y no al revés. Es hora de que se implementen políticas que garanticen la protección y el bienestar de todos los ciudadanos, sin distinción.
La seguridad no debe ser un privilegio; debe ser un derecho fundamental. Solo así podremos construir una sociedad más justa y equitativa, donde cada dominicano y dominicana pueda vivir con dignidad y sin miedo.
Rebeca Henríquez
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