El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, se propone repatriar a millones de indocumentados, con el supuesto objetivo de acabar con la violencia en esa gran nación norteamericana. Pero ¿quién le dijo al líder republicano que la comisión de hechos criminales se circunscribe a los ilegales, cuya mayoría llegó a ese país a trabajar dignamente, inclusive realizando labores que los estadounidenses no hacen ni harían jamás?
Posiblemente entre los inmigrantes de diferentes países, sobre todo de América Latina, haya personas que se dedican a ilícitos y es justo que sean sancionadas por las cortes y deportadas a sus respectivas naciones. Sin embargo, el número de ciudadanos de Estados Unidos involucrados en actos que riñen con las leyes es elevado. Millones de estadounidenses consumen o trafican con sustancias prohibidas, con la agravante de ausencia de un riguroso control de armas de fuego, motivo por el cual se producen asesinatos masivos que conmueven al mundo, hechos de los que no escapan inocentes escolares ni creyentes religiosos.
Estados Unidos está en su derecho de hacer cumplir su ley en materia de migración, pero no puede obviar que esa es una nación de inmigrantes del mundo, los cuales han hecho un gran aporte a su desarrollo. Y si Trump implementa su promesa de campaña, de realizar repatriaciones masivas, es la economía de ese país la que se afectaría. Ojalá y su discurso de campaña sea una simple oferta nacionalista, para consumo de los blancos conservadores que suelen sufragar por el Partido Republicano.
República Dominicana también está en su derecho de aplicar la Ley No. 285-04, respecto a los extranjeros indocumentados. Y en efecto se han repatriado a miles de ciudadanos haitianos. La decisión es correcta de parte de nuestras autoridades, pero ha faltado una investigación que establezca el perfil de los que califican o no. Es un error hacerlo de forma indiscriminada, porque en la actualidad estamos en presencia de un déficit de trabajadores de la construcción y la agropecuaria, dos componentes importantes de nuestro Producto Interno Bruto.
Hacer esta observación expone al suscrito a que lo califiquen de prohaitiano, pero no importa. Hay una vieja máxima que reza: “Amor no quita conocimiento”. Por más que uno ame a su país y a sus conciudadanos no puede perder de vista que los jóvenes dominicanos no trabajan la agropecuaria ni nadie se imagina ver a un dominicano subido en un andamio en el piso número 13 de una torre en construcción. Esa labor solo la hacen los haitianos y mediante condiciones laborales que violentan derechos universales elementales, porque no disponen de seguridad social de ningún tipo. No tienen seguro médico ni de vida y cuando se cae uno y se mata ni siquiera los diarios divulgan el hecho.
La campaña electoral de Estados Unidos ya pasó. Lo ideal es que Donald Trump ahora, cuando asuma el poder, actúe como el estadista que no está para satisfacer prejuicios raciales y sociales de estadounidenses conservadores, al menos que la xenofobia lo haga perder la razón. El caso dominicano es diferente, porque las repatriaciones realizadas por nuestras autoridades no procuran votos, simplemente responden a una necesidad económica y de preservación de la soberanía, aunque hay que admitir que con los operativos se cometieron errores.
Todos los países cuentan con la prerrogativa de hacer cumplir su ley sobre migración, pero los programas de repatriaciones, por la razón que fuere, tienen que ser el resultado una investigación previa, que establezca factibilidad, para prevenir la comisión de errores. “No vayas por ningún camino que no sepas donde va”, dijo Mariano Aguiló.